Por Silvia Núñez Hernández
Existen momentos en los que uno descubre que el verdadero problema de una administración pública no siempre son los grandes escándalos de corrupción o los millonarios desvíos de recursos. En ocasiones basta con recorrer unas cuantas calles para encontrarse de frente con la expresión más miserable del poder: aquella que convierte a un servidor público en alguien convencido de que puede decidir sobre espacios que pertenecen absolutamente a todos.
Hace apenas unos días acudí al módulo de la Universidad Veracruzana ubicado sobre la avenida Carmen Serdán, entre Alacio Pérez e Iturbide. Llevaba el tiempo encima y buscaba, como cualquier ciudadano, un lugar donde estacionar mi automóvil. Lo que encontré fue una escena que me pareció tan absurda como indignante. La calle estaba prácticamente sitiada por obstáculos colocados para impedir que los vehículos se estacionaran. No había trabajos de reparación, tampoco un operativo de emergencia ni algún evento que justificara semejante despliegue. Simplemente alguien había decidido que el espacio público ya no era público.
No tuve otra alternativa que dejar mi vehículo a más de dos cuadras de distancia y caminar hasta mi destino. En ese momento pensé que se trataba del típico exceso burocrático que aparece de vez en cuando y que termina normalizándose porque nadie se toma la molestia de cuestionarlo. Sin embargo, conforme avanzaban los días apareció la explicación y, con ella, una preocupación mucho mayor.
La supervisora administrativa de la Jurisdicción Sanitaria Número VIII, Arlette Silva Magaña, vuelve a encontrarse en el centro de la polémica. Trabajadores sindicalizados la señalan nuevamente por presuntas conductas autoritarias, hostigamiento laboral y malos tratos, acusaciones que no son nuevas, pues desde el año pasado incluso realizaron protestas para exigir su salida. Ahora las denuncias apuntan a otro comportamiento que, de confirmarse, resulta igualmente preocupante: el intento de controlar quién puede y quién no puede estacionarse en las calles que rodean la dependencia, recurriendo presuntamente al apoyo de grúas y de elementos de Tránsito Municipal para retirar vehículos. Los propios trabajadores aseguran que esta situación ya ha provocado confrontaciones entre ciudadanos.
Lo verdaderamente grave no es únicamente la denuncia contra una funcionaria estatal. Lo preocupante es la concepción que parece existir detrás de estas decisiones. Porque una oficina pública no amplía sus instalaciones apropiándose de la vía pública. Ningún nombramiento administrativo, por importante que parezca para quien lo ostenta, concede el derecho de extender su autoridad hasta las banquetas, las calles o los cajones de estacionamiento que pertenecen a todos los veracruzanos.
El ejercicio del servicio público suele revelar con rapidez el carácter de las personas. Existen funcionarios que entienden que ocupar un cargo significa resolver problemas; otros, en cambio, utilizan el pequeño espacio de poder que les fue conferido para imponer caprichos, marcar territorio y hacer sentir su autoridad donde saben que pocos se atreverán a cuestionarlos. Es la expresión más elemental del autoritarismo: demostrar quién manda, aunque sea colocando obstáculos en una calle.
Todavía resulta más delicado el señalamiento de que la Delegación de Tránsito Municipal estaría participando activamente en estas acciones. Si ello es cierto, el problema deja de limitarse al comportamiento de una servidora pública estatal y alcanza directamente a la autoridad municipal. Tránsito no puede convertirse en el brazo ejecutor de intereses particulares ni prestar sus atribuciones para respaldar decisiones que no encuentran sustento en la ley. Su obligación consiste en garantizar la movilidad, el orden y la seguridad vial, no en reservar espacios públicos para satisfacer la voluntad de un funcionario.
Por ello, el llamado es directo a la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo. Veracruz merece una explicación clara. La ciudadanía tiene derecho a saber bajo qué fundamento jurídico elementos de Tránsito Municipal estarían participando en operativos para impedir que los ciudadanos utilicen calles públicas alrededor de una dependencia estatal. Si existe un acuerdo legal que justifique esas restricciones, debe hacerse público. Si no existe, entonces alguien tendrá que asumir la responsabilidad por utilizar recursos municipales para respaldar una decisión arbitraria.
Las calles no son patrimonio de ninguna jurisdicción sanitaria, de ninguna dirección administrativa ni de ningún servidor público. Son bienes de uso común, financiados con los impuestos de todos y sujetos únicamente a las disposiciones que establece la ley. Permitir que cualquier funcionario decida apropiarse de ellas constituye un precedente peligroso, porque el abuso del poder nunca comienza con los grandes actos de corrupción; comienza cuando la sociedad acepta como normal que alguien cierre una calle simplemente porque ocupa un escritorio.
El servicio público no fue creado para fabricar pequeños caciques administrativos. Fue concebido para servir a la ciudadanía. Quien olvida esa diferencia termina creyendo que una oficina también le entrega la ciudad. Y cuando una autoridad municipal decide respaldar ese tipo de excesos, el problema deja de ser el capricho de una persona y se convierte en una responsabilidad compartida que merece ser investigada y, en su caso, sancionada.
Porque ningún cargo, por modesto o relevante que sea, otorga derechos sobre aquello que pertenece a todos. Las calles de Veracruz siguen siendo de los veracruzanos, no de quienes confunden el ejercicio del poder con el ejercicio de la propiedad.
