Alcaldes Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván
Por Julio Altamirano
La Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz realizó las audiencias de pruebas y alegatos dentro de los procedimientos de declaración de procedencia (desafuero) que enfrentan los alcaldes de Movimiento Ciudadano de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.
En las audiencias participaron representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como los presidentes municipales Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, quienes acudieron acompañados de sus respectivos abogados defensores.
Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, es señalado por la FGE como presunto autor intelectual de la privación ilegal de la libertad y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía asegura contar con un testigo que declaró que el edil habría solicitado apoyo a un presunto jefe de plaza para cometer el crimen.
Por su parte, Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, enfrenta un proceso por su presunta participación en la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su chofer, Ignacio López, ocurrida en mayo pasado.
Según la investigación ministerial, las víctimas ingresaron al domicilio del alcalde tras una reunión pactada y no volvieron a ser vistas, además de que la Fiscalía presentó videos de vigilancia que forman parte de las indagatorias.
Durante el procedimiento, ambos alcaldes tuvieron la oportunidad de presentar pruebas y alegatos en su defensa, como lo establece la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Veracruz.
El presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz, aclaró que el juicio de procedencia no determina la culpabilidad de los servidores públicos, sino que únicamente analiza si existen elementos para retirarles el fuero constitucional y permitir que enfrenten un proceso penal.
Concluidas las audiencias, la Comisión elaborará un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso del Estado, donde las y los diputados decidirán si procede o no el desafuero de ambos presidentes municipales.
