Fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre
Por Julio Altamirano
La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que las investigaciones por la presunta red de despojos conocida como «Cártel Inmobiliario» involucran a jueces, abogados, notarios, funcionarios municipales y estatales, así como a servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y de Catastro.
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) explicó que las carpetas de investigación están distribuidas entre distintas áreas, dependiendo del perfil de las personas señaladas. Precisó que los casos contra servidores públicos son atendidos por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los relacionados con notarios por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, y los que involucran a abogados particulares permanecen en las fiscalías regionales.
Jiménez Aguirre informó que las investigaciones continuarán tras la vinculación a proceso de Salvador Matías «N», abogado que también se presenta como arquitecto y a quien la FGE relaciona con esta presunta red. El imputado enfrenta un proceso por fraude procesal en agravio de dos víctimas por un inmueble ubicado en La Isleta, Xalapa.
La fiscal señaló que ya existen varias carpetas de investigación integradas y diversas audiencias iniciales solicitadas, además de reiterar que las denuncias por despojo reciben atención prioritaria por tratarse de delitos que afectan el patrimonio de las víctimas.
Durante la conferencia, también rechazó cualquier relación con el abogado Roly Domínguez Romero, señalado por denunciantes como presunto líder o uno de los principales operadores del llamado «Cártel Inmobiliario» en Veracruz.
«No es mi amigo, yo no lo conozco. No tengo por qué protegerlo a él ni a nadie», respondió la fiscal, quien aseguró que ninguna relación personal impediría ejercer acción penal cuando existan elementos suficientes.
Asimismo, confirmó que existen carpetas de investigación relacionadas con Roly Domínguez Romero, las cuales continúan en integración y posteriormente podrían ser judicializadas.
«No tiene ninguna protección. Ni él ni nadie, porque antes que un compromiso personal o familiar está mi compromiso institucional», concluyó la fiscal.
