Analista político y académico Edgardo Buscaglia
Por Rebeca Solano
El analista político y académico Edgardo Buscaglia aseguró que la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los cárteles mexicanos está respaldada por un marco jurídico internacional de combate al terrorismo y podría derivar en operaciones encubiertas contra funcionarios y políticos mexicanos señalados por autoridades estadounidenses.
En entrevista con Aristegui en Vivo, el especialista afirmó que las investigaciones y acciones judiciales emprendidas por Estados Unidos contra actores políticos mexicanos apenas representan el inicio de una ofensiva más amplia y advirtió que la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum continuará.
Buscaglia sostuvo que Washington busca que México coopere con la entrega de funcionarios y políticos acusados formalmente por la justicia estadounidense, en un contexto en el que Trump pretende mostrar resultados en el combate al narcotráfico antes de las elecciones intermedias en su país.
El académico explicó que el cambio central en la estrategia estadounidense es la clasificación de ciertas actividades de los cárteles como actos de terrorismo, lo que permitiría aplicar instrumentos internacionales, mayores capacidades de investigación y acciones más severas contra quienes sean considerados colaboradores de estas redes criminales.
Además, advirtió sobre la posibilidad de operaciones especiales encubiertas y de carácter quirúrgico en territorio mexicano, justificadas por Estados Unidos bajo el argumento de legítima defensa ante el impacto del tráfico de fentanilo en su población.
Buscaglia señaló que el gobierno mexicano aún podría evitar una mayor escalada mediante la cooperación judicial y la atención a solicitudes formales de extradición, al tiempo que afirmó que la soberanía de los Estados está limitada por los tratados internacionales suscritos.
Finalmente, denunció que él y su equipo han reducido sus actividades presenciales en México debido a amenazas provenientes de diversos actores, incluidos funcionarios, policías y políticos, y consideró que la presión internacional podría acelerar acciones para combatir las redes de protección política del crimen organizado.
