CIDH analiza reforma judicial mexicana
Por Rebeca Solano
Un grupo de 65 jueces y magistrados mexicanos presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la reforma judicial impulsada en México.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por los promoventes, la CIDH habría priorizado el análisis de su queja y solicitado al Estado mexicano responder en un plazo de cuatro meses.
Los jueces y magistrados, quienes aseguran contar con casi 30 años de carrera, consideran que la reforma judicial podría afectar la independencia del Poder Judicial y plantean que, al agotarse las vías internas, el sistema interamericano representa una alternativa para cuestionar las modificaciones constitucionales.
Cuestionan elección popular de jueces
Los promoventes sostienen que la reforma podría representar una afectación al principio de no regresividad, al sustituir un sistema de carrera judicial por un esquema de elección popular de jueces y magistrados.
En su argumento, señalan que México está obligado por tratados internacionales en materia de derechos humanos y que la independencia judicial constituye una garantía para la protección de los ciudadanos frente al poder público.
El caso podría llegar a la Corte IDH
El grupo de jueces y magistrados considera que, si después del análisis correspondiente la CIDH determina que existieron violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el caso podría avanzar hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Los promoventes destacan que una eventual resolución de la Corte IDH tendría consecuencias para el Estado mexicano y podría generar un debate internacional sobre la reforma del Poder Judicial y las garantías de independencia de los juzgadores.
El planteamiento sostiene que la controversia no se limita a la permanencia de jueces y magistrados en sus cargos, sino que involucra la discusión sobre la independencia judicial y el derecho de los ciudadanos a contar con tribunales imparciales.
Hasta ahora, el procedimiento ante la CIDH no significa que el organismo haya determinado que México violó la Convención Americana; se trata de una etapa dentro del proceso de análisis de la petición.
