Por Alberto MEjia
Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron este miércoles las instalaciones de las fiscalías especializadas en Orizaba y Córdoba, para exigir que la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, los reciba y escuche las deficiencias que enfrentan en los procesos de búsqueda e investigación.
En Orizaba, la movilización comenzó alrededor de las 7:00 horas y fue encabezada por integrantes del colectivo Madres Luna, quienes manifestaron su inconformidad por los constantes cambios de personal ministerial, situación que, aseguran, provoca que las carpetas de investigación pierdan continuidad y que algunos expedientes permanezcan sin avances.
Madres buscadoras reclaman falta de atención
En entrevista, Marcela Zurita Rosas, coordinadora del colectivo, explicó que desde el inicio de la actual administración de la Fiscalía solicitaron una reunión con todas las agrupaciones para conocer el plan de trabajo de la titular y exponer sus necesidades, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.
«Desde que inició le solicitamos que nos recibiera a todos los colectivos, para saber cuál era su plan de trabajo, cómo iba a trabajar y que también nos escuchara a nosotros. No ha sido posible y nos vemos en la necesidad de hacer estas acciones», expresó.
La representante precisó que la protesta ya no corresponde únicamente a Madres Luna, sino que cuenta con la participación de distintos colectivos del estado. Las movilizaciones comenzaron el martes en Coatzacoalcos y continuarán en Veracruz, San Andrés Tuxtla y Poza Rica.
Además, agrupaciones de Xalapa entregarían este miércoles un oficio en las oficinas centrales de la FGE para reiterar formalmente su solicitud de audiencia.
«Lo que a nosotros nos afecta les afectó a todas. Yo alcé la voz, porque soy de las que nunca se quedan calladas, pero ahora las demás compañeras están en la misma sintonía de que tienen que recibirnos», señaló.
Zurita Rosas recordó que durante una manifestación anterior, realizada a principios de octubre, se retiraron luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades; sin embargo, afirmó que los compromisos no fueron cumplidos.
«Creímos y confiamos en que se nos iba a respetar el acuerdo, por eso nos retiramos, pero no se cumplió», sostuvo.
Entre las principales demandas de las familias se encuentra la instalación de una mesa de diálogo directamente con la Fiscal General, en la que puedan exponer cómo las decisiones tomadas en las distintas fiscalías han afectado sus procesos de búsqueda y qué aspectos necesitan corregirse.
«Siempre lo hemos dicho: sin las familias, no», manifestó.
