Rector Martín Aguilar Sánchez.
Por Redacción
La Universidad Veracruzana enfrenta una creciente crisis institucional marcada por el deterioro de su infraestructura, cuestionamientos financieros y controversias jurídicas en torno a la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez.
De acuerdo con diversos testimonios de estudiantes y docentes, existen edificios con deterioro estructural, aulas sin mantenimiento, filtraciones, laboratorios obsoletos, mobiliario dañado, deficiencias eléctricas y sanitarios en malas condiciones, además de limitaciones en equipamiento e internet. La situación, señalan, afecta directamente las condiciones de docencia e investigación.
A ello se suman observaciones del ORFIS, que reportan subejercicios presupuestales acumulados entre 2021 y 2024 por montos que oscilaron entre mil 200 y casi mil 900 millones de pesos anuales. La pregunta que plantean sectores universitarios es cómo justificar recursos no ejercidos mientras persiste el deterioro físico de múltiples instalaciones.
En materia de inclusión, también se advierte una brecha significativa: aunque Veracruz cuenta con más de un millón de habitantes indígenas (12.6% de la población estatal), la UV registra alrededor de 994 estudiantes indígenas en una matrícula cercana a 68 mil alumnos, lo que representa aproximadamente 1.45% del total, evidenciando limitaciones en cobertura y acceso.
Controversia por prórroga rectoral
Uno de los puntos más delicados es la prórroga otorgada a Martín Aguilar Sánchez al frente de la Rectoría, la cual ha sido impugnada por sectores universitarios que argumentan una posible violación a la normatividad interna.
El debate se centra en la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, particularmente en el artículo 4, que establece las facultades de la Junta de Gobierno para designar rector, nombrar interinos o aceptar renuncias, sin contemplar expresamente la figura de prórroga del mandato.
Bajo el principio constitucional de legalidad —según el cual las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite—, inconformes han promovido juicios de amparo ante tribunales federales. Asimismo, se ha solicitado la intervención del Congreso del Estado de Veracruz y otras instancias competentes.
Debate público
Mientras desde la administración central se mantiene un discurso que destaca estabilidad y avances institucionales, críticos sostienen que existe una brecha entre la narrativa oficial y la realidad material que vive la comunidad universitaria.
Especialistas y organizaciones coinciden en que el futuro de la UV no es un asunto interno, sino de interés público, dado su papel estratégico en el desarrollo regional y la movilidad social de miles de jóvenes veracruzanos.
El debate continúa abierto en el ámbito jurídico y social, en medio de exigencias de transparencia, legalidad y reconstrucción institucional.
