Trabajadora acusa despido irregular
Por Redacción
Una trabajadora denunció públicamente haber sido separada de sus funciones un día después de un altercado ocurrido durante la visita de una funcionaria al Centro de Desarrollo Social para la Prevención del Delito, en un caso que, asegura, debe ser investigado por las autoridades correspondientes.
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el pasado 2 de septiembre de 2026, Gabriela Ramírez Ramos, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, acudió a las instalaciones acompañada de Milagros Camacho y Erendida Esperón.
La trabajadora, quien en ese momento se encontraba a cargo del inmueble, señaló que la visita se realizó sin que previamente le fuera presentado algún oficio, invitación o comunicación formal por parte de la Policía Municipal.
Según su versión, durante el recorrido ocurrió un incidente relacionado con una perrita que se encontraba bajo su resguardo. La denunciante afirma que Ramírez Ramos habría pateado al animal y posteriormente habría expresado que no le gustan los perros ni los gatos.
Ante ello, la trabajadora asegura que le pidió que no lastimara a la perrita.
Posteriormente, la funcionaria habría solicitado revisar distintas aulas y cuestionado las condiciones en las que se encontraba el inmueble. Durante el recorrido, según el relato, manifestó que hablaría con la alcaldesa y con el Capitán Ojeda.
La denunciante también refiere que posteriormente se registró un enfrentamiento verbal entre Ramírez Ramos y un trabajador de Intendencia, aunque asegura desconocer el origen del conflicto. Sin embargo, señaló que observó actitudes y escuchó expresiones que consideró ofensivas hacia empleados.
Ante esta situación, relató, pidió al trabajador retirarse para evitar que el conflicto aumentara y manifestó a Ramírez Ramos que no permitiría insultos, faltas de respeto o actos de denigración contra los trabajadores dentro del inmueble bajo su responsabilidad.
La separan al día siguiente
La trabajadora asegura que el 3 de septiembre, un día después del incidente, una patrulla llegó al Centro acompañada por el teniente Velázquez, quien le informó que estaba despedida.
Según su versión, la separación fue presentada como parte de una supuesta “reestructuración”, aunque sostiene que posteriormente le hicieron saber que su salida estaría relacionada con una petición realizada por Gabriela Ramírez Ramos al Capitán Ojeda.
La denunciante afirma que no se le permitió retirar sus pertenencias y fue sacada de las instalaciones, situación que considera injusta, particularmente porque durante los meses que estuvo al frente del Centro asegura haber reportado diversas situaciones que consideraba irregulares.
Además, denuncia que actualmente se le estaría solicitando firmar una renuncia, a lo que se niega debido a que, sostiene, su salida no fue voluntaria.
“No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo que se investiguen los hechos”, manifestó.
Pide investigar posibles irregularidades
La trabajadora solicitó que el caso sea revisado por las autoridades competentes y que su separación sea analizada para determinar si se realizó conforme a derecho.
También pidió revisar los reportes que presentó durante el tiempo que estuvo al frente del Centro, así como las condiciones del inmueble, el uso de sus instalaciones y cualquier posible irregularidad.
Respecto a versiones sobre una supuesta relación cercana entre Gabriela Ramírez Ramos y la alcaldesa, la denunciante aclaró que desconoce la naturaleza de dicha relación y no pretende hablar en nombre de la presidenta municipal.
No obstante, sostuvo que ninguna amistad, relación personal o posible influencia debe estar por encima de los procedimientos institucionales.
Asimismo, señaló que han circulado comentarios sobre las funciones y permanencia de Ramírez Ramos en determinado espacio o cargo, pero reconoció que no puede confirmar esas versiones, por lo que consideró que corresponde a las autoridades revisar la experiencia, antecedentes, funciones y resultados de quienes ocupan responsabilidades dentro de la administración pública.
La denunciante insistió en que no firmará una renuncia por una decisión que, afirma, no tomó voluntariamente.
“Durante el tiempo que estuve al frente del Centro hice mi trabajo, reporté las situaciones que consideré importantes y procuré mantener el orden y la seguridad de las instalaciones”, señaló.
Finalmente, pidió que se determine si su separación se realizó conforme a derecho y que, en caso de existir responsabilidades o irregularidades, sean investigadas y determinadas por las autoridades correspondientes.
“El Centro de Desarrollo Social para la Prevención del Delito es un espacio público. No es propiedad de particulares, ni de funcionarios, ni de amistades”, afirmó.
La trabajadora concluyó que, si incurrió en alguna falta, está dispuesta a responder conforme a derecho, pero rechazó que se le pretenda obligar a firmar una renuncia por haber establecido límites dentro de su área de responsabilidad y reportado situaciones que consideraba irregulares.
