Por Silvia Núñez Hernández
Esta columna se sustenta en la investigación, documentación y trabajo periodístico realizado por mi compañero periodista Raúl Zamorano, cuyo seguimiento durante años a la operación de Grupo MAS y CAB ha permitido visibilizar una realidad que las autoridades han preferido ignorar.
Existe algo todavía más grave que abrir la llave de tu casa y recibir agua con olor a drenaje, color turbio o sabor desagradable. Lo verdaderamente escandaloso es descubrir que, después de años de denuncias ciudadanas, multas ambientales, inspecciones oficiales, clausuras temporales, procedimientos administrativos y señalamientos públicos, las autoridades continúan actuando como si nada ocurriera.
Fotografías Facebook Raúl Zamorano
La información documentada por ambientalistas, integrantes de Casa Zapata y el trabajo periodístico realizado durante años no exhibe únicamente el deterioro de la infraestructura operada por Grupo MAS y CAB; exhibe, sobre todo, el monumental fracaso institucional de quienes tenían la obligación legal, política y moral de supervisar el cumplimiento de una concesión que hace mucho tiempo dejó de servir al interés público para convertirse en uno de los negocios más rentables y menos fiscalizados de Veracruz.
La pregunta ya no es si Grupo MAS incumplió o no. La pregunta es cuántas evidencias más necesitan las autoridades para admitir lo que miles de familias veracruzanas conocen desde hace años cada vez que abren la llave de sus casas: que el servicio que reciben es deficiente, costoso y, en muchos casos, ofensivo para la dignidad de quienes pagan puntualmente sus recibos.
Las denuncias hablan de plantas de tratamiento abandonadas, pozos con deficiencias operativas, instalaciones convertidas en maleza, espacios tomados por la delincuencia o utilizados como refugios improvisados y una infraestructura que, en muchos casos, parece haber sido abandonada a su suerte. La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente ha documentado irregularidades, ha impuesto sanciones millonarias y ha iniciado procedimientos administrativos. Organizaciones civiles han denunciado afectaciones ambientales. Los ciudadanos reportan permanentemente problemas de calidad del agua, fugas, cobros excesivos y la ausencia de una respuesta efectiva.
Fotografías Facebook Raúl Zamorano
Entonces, la pregunta obligada es: ¿qué más necesita el Estado mexicano para actuar?
Porque aquí no estamos hablando de una empresa que requiera tiempo para consolidar sus operaciones. Estamos hablando de una concesionaria que durante aproximadamente una década ha administrado uno de los derechos humanos más importantes para cualquier sociedad: el acceso al agua potable y al saneamiento.
Resulta particularmente indignante recordar que esta concesión fue entregada bajo la promesa de inversiones multimillonarias para modernizar la infraestructura hidráulica de la zona conurbada Veracruz-Medellín. Sin embargo, después de años de operación, lo que observan los ciudadanos son plantas abandonadas, procedimientos administrativos, multas ambientales, clausuras temporales y una percepción social generalizada de abandono y desprotección.
Fotografías Facebook Raúl Zamorano
Mientras tanto, el negocio parece continuar siendo extraordinariamente rentable. Las estimaciones periodísticas señalan ingresos brutos que podrían alcanzar cientos de millones de pesos anuales y miles de millones acumulados durante la vigencia de la concesión. Es decir, los ciudadanos pagan cada vez más por un servicio que consideran cada vez peor. La ecuación resulta perfecta para la empresa y profundamente ofensiva para la población.
Pero quizá el problema más grave ya no sea únicamente Grupo MAS ni CAB. El problema verdaderamente escandaloso es la cadena de complicidades políticas, silencios administrativos y cobardías institucionales que durante años han permitido que esta situación continúe sin consecuencias de fondo.
Porque si existen multas, inspecciones, clausuras, procedimientos administrativos y evidencia pública de incumplimientos, entonces surge una pregunta incómoda que nadie parece querer responder: ¿qué están esperando los ayuntamientos, el Gobierno del Estado y el Congreso de Veracruz para iniciar formalmente el procedimiento de revisión y revocación de la concesión?
Fotografías Facebook Raúl Zamorano
El Congreso del Estado de Veracruz no puede seguir desempeñando el vergonzoso papel de espectador mientras millones de litros de agua, millones de pesos y millones de reclamos ciudadanos se acumulan sin respuesta. La función del Poder Legislativo no consiste en emitir exhortos para la fotografía, ni en organizar mesas de trabajo que terminan archivadas en algún escritorio. Su obligación constitucional es fiscalizar, investigar y defender el interés público.
Porque después de diez años de denuncias, la discusión ya no debe centrarse en si Grupo MAS merece una nueva oportunidad. La verdadera discusión es si los veracruzanos merecen seguir soportando un modelo de concesión que, para miles de usuarios, representa la privatización de un derecho humano sin las mínimas garantías de calidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
El agua no es una mercancía. Es un derecho humano reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por México. Cuando una concesión deja de cumplir con el interés público que justificó su otorgamiento, el Estado no solamente tiene la facultad de intervenir; tiene la obligación jurídica de hacerlo y la responsabilidad política de explicar por qué no lo ha hecho.
Porque después de tantos años de denuncias, multas, inspecciones, clausuras y reclamos ciudadanos, mantener la concesión de Grupo MAS y CAB ya no puede interpretarse como una simple omisión administrativa.
Fotografías Facebook Raúl Zamorano
Comienza a parecer una decisión política.
Y cuando el agua que llega a los hogares huele a podrido, quizá el problema ya no sea únicamente el agua.
Quizá lo que verdaderamente lleva demasiado tiempo descomponiéndose es la voluntad de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.
