Gobierno de Estados Unidos
Por Rebeca Solano
El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al ordenar a fiscales federales utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles, en especial con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con una investigación de The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a las 93 fiscalías federales del país a intensificar las indagatorias contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales.
La nueva directriz representa uno de los movimientos más agresivos impulsados por el presidente Donald Trump en materia de combate al crimen organizado transnacional, ya que abre la puerta a penas mucho más severas, incluida la cadena perpetua, bajo cargos como “apoyo material a organizaciones terroristas”.
Según el reportaje, la instrucción fue comunicada durante una reunión interna encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del DOJ, quien habría solicitado “triplicar” las acusaciones contra funcionarios mexicanos que, presuntamente, utilizan sus cargos para beneficiar a grupos del narcotráfico.
La estrategia se sustenta en una orden ejecutiva firmada el año pasado por Trump, mediante la cual varios cárteles latinoamericanos fueron designados como organizaciones terroristas, ampliando el margen legal para presentar cargos más graves que los tradicionales delitos de narcotráfico o lavado de dinero.
Caso Rocha Moya intensifica presión
La ofensiva tomó fuerza tras la acusación formal presentada en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados a su administración.
El expediente judicial citado señala que políticos y mandos de seguridad habrían recibido sobornos millonarios y respaldo electoral del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”. A cambio, habrían ofrecido protección institucional y facilitado operaciones criminales con presunta impunidad.
Posible tensión diplomática
Especialistas advierten que el uso de leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos podría generar un nuevo episodio de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, sobre todo si las investigaciones alcanzan a figuras de mayor peso político.
El endurecimiento judicial refleja también la presión de Washington para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, en medio de la crisis de salud pública que enfrenta territorio estadounidense.
De concretarse los procesos bajo este nuevo esquema, la cooperación bilateral contra el narcotráfico entraría en una etapa inédita, al incorporar herramientas legales reservadas tradicionalmente para casos de terrorismo internacional.
