Departamento de Justicia de Estados Unidos
Por Rebeca Solano
El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a las fiscalías federales del país a triplicar el número de acusaciones contra políticos mexicanos sospechosos de colaborar con cárteles del narcotráfico, de acuerdo con información publicada por The New York Times.
Según el reporte, la dependencia también pidió que en las imputaciones se incluyan cargos relacionados con terrorismo, en un endurecimiento de la estrategia judicial contra redes criminales con presuntos vínculos políticos.
La orden habría sido emitida por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con fiscales de oficinas regionales.
Caso Rocha Moya
En este contexto, el Departamento de Justicia mantiene acusaciones formales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus colaboradores, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Rocha Moya y exfuncionarios sinaloenses habrían colaborado con la facción conocida como “Los Chapitos” para traficar drogas hacia Estados Unidos. Asimismo, señala que el mandatario habría obtenido respaldo electoral mediante actos de intimidación atribuidos al grupo criminal, acusaciones que no han sido resueltas en tribunales.
“Es solo el comienzo”
El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, declaró ante el Senado estadounidense que las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios serían “solo el comienzo” de una serie de acciones.
En paralelo, el gobierno del presidente Donald Trump reiteró su llamado a México para intensificar el combate contra los cárteles, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció una colaboración “impresionante y sin precedentes” con las Fuerzas Armadas mexicanas.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también advirtió que las investigaciones por tráfico de drogas continuarán en distintos expedientes y que las acciones no se limitarán a un solo caso, en lo que perfila una ofensiva judicial más amplia contra redes criminales con presuntos vínculos políticos.
