Por Rebeca Solano
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos, cuatro personas físicas y 11 personas morales, presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste, como parte de las acciones de cooperación bilateral contra las finanzas del crimen organizado.
Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó entre algunos de los sujetos señalados indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), como movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, además de la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Red de empresas de construcción, servicios financieros e industria ecuestre
El análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre. Los principales hallazgos abarcan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable.
De acuerdo con la institución federal, lo anterior podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito a nombre de la organización delictiva.
La Lista de Personas Bloqueadas no implica responsabilidad definitiva
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
