Por Rebeca Solano
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una red de 10 empresas recibió contratos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 2 mil 314 millones de pesos, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
El reportaje, publicado el 4 de junio de 2026, documentó 42 contratos otorgados a compañías que, de acuerdo con la investigación, no contaban con experiencia en obras hidráulicas y mantenían vínculos corporativos entre sí, como accionistas, gerentes, administradores y representantes legales compartidos. Mexicanos Contra la Corrupción +1
Entre las empresas señaladas se encuentra Ferroclin U&Q, considerada una de las principales integrantes de esta red. Según MCCI, fue constituida en 2014 en una notaría que entonces estaba a cargo del hoy senador Adán Augusto López Hernández.
La investigación también señala que Ferroclin fue incorporada en enero de 2026 a la lista definitiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de empresas que simulan operaciones, luego de que se identificaran inconsistencias relacionadas con la falta de activos, personal e infraestructura. Pese a ello, habría recibido más de 329 millones de pesos en contratos de Conagua entre 2019 y 2023. Mexicanos Contra la Corrupción +1
Entre los señalamientos destaca Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó la Gerencia de Recursos Materiales de Conagua entre octubre de 2020 y mayo de 2021. De acuerdo con MCCI, durante su gestión se adjudicaron 38 de los 42 contratos identificados.
Posteriormente, Martínez Rodríguez fue designada titular de la Subdirección General de Administración del organismo. La investigación también menciona a Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía Presidencial, quien encabezó el área de Recursos Materiales y participó en la asignación de contratos. Aristegui Noticias +1
Los contratos estuvieron relacionados con proyectos hidráulicos prioritarios, entre ellos la construcción de la presa Santa María y la presa Picachos, en Sinaloa, así como la ampliación del distrito de riego del Pueblo Yaqui, en Sonora.
MCCI también identificó posibles mecanismos de simulación de competencia en licitaciones, debido a que algunas de las compañías participantes compartían integrantes y representantes, pese a presentarse como empresas independientes.
Por su parte, la Conagua rechazó los señalamientos y aseguró que los procedimientos de contratación se realizaron conforme al marco legal, que las obras fueron ejecutadas y concluidas, y que 12 procedimientos fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación sin que se determinara daño al erario ni responsabilidades administrativas. Gobierno de México +1
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación periodística y no equivalen a una resolución judicial que acredite la comisión de delitos por parte de los funcionarios mencionados.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la asignación de recursos públicos y la supervisión de contratos para infraestructura hidráulica, así como exigencias de transparencia sobre el destino de los más de 2 mil 300 millones de pesos involucrados.
Nota editorial: El material proporcionado menciona un supuesto movimiento reciente de Ferroclin y una funcionaria que actualmente ocupa un cargo en Conagua, pero no aporta datos suficientes para identificarlo y confirmarlo. Por ello, no se incluye como un hecho.
