Por Rebeca Solano

Integrantes de la colectiva #HoySomosTodoPorMiguel realizaron una protesta pacífica frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para exigir que Grupo ECO sea vinculado a proceso por los hechos relacionados con la muerte del fotógrafo Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia.

Durante la manifestación, Diana Rojas Hernández, hermana del joven fotógrafo, denunció presuntas presiones y chantajes contra su familia para aceptar un acuerdo económico propuesto por las empresas involucradas. Señaló que les habrían advertido sobre la posibilidad de que estas se disolvieran y que incluso se habría utilizado el estado de salud de su padre para generar temor.

“Migue no era una cifra, una pérdida económica ni un riesgo comercial; era una persona y un fotoperiodista”, expresó Diana Rojas, al insistir en que la reparación económica no debe sustituir la verdad ni detener el proceso penal.

Por su parte, la abogada Tabata Ximena Salas Ramírez, integrante de la representación legal de la familia, señaló que los apoderados de Grupo ECO solicitaron al juez de control declarar prescrito el delito, con el argumento de que había transcurrido más de un año desde los hechos ocurridos el 5 de abril.

La defensa de la familia cuestionó esta petición y sostuvo que los retrasos en el procedimiento estarían relacionados con estrategias dilatorias. La solicitud deberá ser analizada por la autoridad judicial correspondiente.

Asimismo, la representación legal afirmó que durante las audiencias se expuso que Grupo ECO habría cobrado indemnizaciones de las aseguradoras por los fallecimientos de Miguel Ángel Rojas y de la fotoperiodista Berenice Giles, mientras que, según la familia, la empresa ha argumentado no contar con recursos suficientes para cubrir la reparación del daño.

La protesta se realizó un día después de una extensa jornada de audiencia inicial. Con la movilización, familiares y miembros de la sociedad civil reiteraron su exigencia de que el caso avance en los tribunales y se esclarezcan las responsabilidades por las muertes de ambos fotoperiodistas.

La familia y la colectiva insistieron en que el poder económico no debe convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia.