Exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel
Por Rebeca Solano
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista una persecución política contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
En un comunicado, la institución afirmó que la investigación está sustentada en 96 datos de prueba y que surgió tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población.
La FGR explicó que, derivado de las investigaciones, se identificó a una empresa importadora de hidrocarburos, en cuya estructura Ernesto Ruffo Appel se incorporó en 2018 y para 2021 ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración, participando en la representación legal y la toma de decisiones.
Asimismo, señaló que la empresa amplió su objeto social para realizar actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias.
Como parte de las indagatorias, la Fiscalía informó que integró 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, análisis documentales, inteligencia financiera y trabajo de campo, con los que identificó una estructura empresarial con capacidad para operar una red logística de alcance interestatal.
La dependencia indicó que, hasta el momento, el caso contempla un daño patrimonial superior a 100 millones de pesos, derivado del presunto contrabando mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025. No obstante, advirtió que las investigaciones apuntan a más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares, cuyo daño al erario podría superar los 4 mil millones de pesos.
La FGR reiteró que Ruffo Appel no es investigado por sus ideales o vínculos políticos, sino por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, y aseguró que el proceso se desarrolla con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.
Lo anterior, luego de que la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expresara preocupación por el caso y lo calificara como una presunta persecución política, postura que también fue rechazada por Morena, al sostener que el asunto corresponde exclusivamente a las instituciones de justicia mexicanas.
