Por Julio Altamirano
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por presuntos actos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, luego de detectar posibles anomalías en el registro de dos vehículos a nombre del comediante Ricardo Javier Carranza Gasca, conocido como “El Costeño”, quien niega haber adquirido las unidades.
La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que la carpeta de investigación fue abierta el pasado 4 de noviembre por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de una denuncia interpuesta por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
El caso involucra los trámites efectuados en las oficinas de Hacienda del Estado de Alvarado e Isla, donde presuntamente fueron inscritos a nombre del comediante un remolque en 2021 y una camioneta Chevrolet Avalanche en 2022.
De acuerdo con la información proporcionada, ambos vehículos registran adeudos por un total de 11 mil 810 pesos: 4 mil 985 pesos por el remolque y 6 mil 825 por la camioneta. “El Costeño” ha sostenido que no es dueño de ninguna de las unidades y que esta situación ha perjudicado su historial crediticio.
Previamente, el 3 de noviembre, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, dio a conocer que fueron identificados dos exempleados de la dependencia presuntamente relacionados con los movimientos administrativos. Uno laboraba en Isla y otro en Alvarado; ambos ya dejaron de trabajar en SEFIPLAN.
El funcionario explicó que entre las hipótesis se encuentra el posible uso indebido de documentos personales del artista por parte de gestores particulares, aunque todavía no se ha establecido cómo se concretaron los registros ni quiénes participaron.
Asimismo, adelantó que la dependencia buscará cancelar las inscripciones vehiculares y determinar las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de los trámites.
La fiscal general señaló que las indagatorias siguen en curso para esclarecer los hechos y establecer si hubo servidores públicos involucrados en conductas delictivas. Hasta el momento, no se han reportado personas imputadas ni responsabilidades penales acreditadas.
