Por Silvia Núñez Hernández
Los videos que circulan en redes sociales desde hace varios días deberían avergonzar a cualquier institución pública. No muestran a personas en situación de calle ni a quienes decidieron pasar la noche a la intemperie por voluntad propia. Muestran a madres, hijos, esposas y hermanos de pacientes internados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz durmiendo sobre cartones, cobijas y el concreto, soportando la lluvia, el calor y el cansancio con tal de no abandonar a quienes luchan por recuperar la salud.
La enfermedad ya representa una carga demasiado pesada para cualquier familia. A la angustia de esperar un diagnóstico, una cirugía o una mejoría, ahora se suma otra forma de sufrimiento: la de ser tratados como estorbos por una institución que tendría que ser ejemplo de sensibilidad y humanidad.
Este viernes, Rosario Reyes volvió a denunciar en el espacio informativo de la periodista Azucena Uresti lo que está ocurriendo dentro y fuera del Hospital de Alta Especialidad. Su testimonio no sólo volvió a poner sobre la mesa los retrasos en estudios médicos, procedimientos quirúrgicos y la atención que, afirma, requieren oportunamente los pacientes. También denunció que, tras exhibir esas deficiencias en los medios de comunicación, fueron desalojados de la sala de espera y enviados a la calle.
Pero lo más indignante de su relato fue escuchar que, cuando cuestionó esa decisión, policías le respondieron que “por andar quejándose en los medios, eso se merecían; por una pagan todos”.
Si esa es la manera en que una institución pública responde a las denuncias de los ciudadanos, entonces el problema ya no es únicamente el funcionamiento de un hospital. Es la pérdida absoluta de sensibilidad frente al dolor humano.
Como periodista y defensora de derechos humanos, he aprendido que el poder suele incomodarse cuando alguien exhibe sus fallas. Lo que nunca imaginé es que esa molestia pudiera traducirse en castigar a madres que llevan días sin dormir, a hijos que viven pendientes de una llamada del médico o a familias enteras obligadas a soportar la lluvia porque alguien decidió que denunciar tiene consecuencias.
Las familias denuncian retrasos en estudios y cirugías. Denuncian que los alimentos no siempre llegan a los pacientes en tiempo y forma. Denuncian que no les permiten permanecer junto a sus familiares hospitalizados para apoyarlos cuando más lo necesitan. Y, para rematar, terminan en la banqueta, expuestos a las inclemencias del tiempo, mientras el hospital les cierra las puertas.
¿En serio esa es la respuesta institucional frente a ciudadanos desesperados?
Un hospital no puede convertirse en un lugar donde el miedo sustituya a la esperanza. Mucho menos en un espacio donde levantar la voz implique recibir un castigo. La crítica no debería provocar represalias; debería obligar a corregir aquello que está mal.
No se trata de un favor que las familias estén pidiendo. Se trata de respeto. Se trata de dignidad. Se trata de entender que nadie permanece días enteros afuera de un hospital por gusto. Quien duerme sobre un cartón lo hace porque del otro lado de esa puerta está la vida de alguien a quien ama.
Los responsables del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz tienen la obligación de responderle a la sociedad. No con comunicados de relaciones públicas ni con discursos vacíos, sino con explicaciones claras sobre lo que está ocurriendo y, sobre todo, con acciones que impidan que una escena como ésta vuelva a repetirse.
Porque un hospital que expulsa a las familias de los pacientes deja de ser un refugio.
Y cuando el dolor de los ciudadanos termina castigándose en lugar de atenderse, la enfermedad ya no está únicamente en los pacientes.
Está instalada en la institución.
