Por Silvia Núñez Hernández
Morena llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción, terminar con los privilegios, desterrar la impunidad y construir la llamada Cuarta Transformación sobre los cimientos de la honestidad. Ocho años después, lo que millones de mexicanos observan es un país profundamente dividido, instituciones debilitadas, una deuda pública histórica, megaproyectos permanentemente cuestionados por sus costos y una clase política que terminó pareciéndose demasiado a aquella que durante décadas aseguró combatir. Esa es la verdadera cuenta que hoy está llegando a la mesa de todos los mexicanos, una cuenta que no comenzó con un meme, sino con una promesa que, para muchos, terminó convertida en una enorme decepción nacional.
En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una imagen con apariencia de ticket de restaurante. En la parte superior puede leerse: “Morena. La cuenta de México”. Debajo aparecen enlistados proyectos emblemáticos del actual gobierno, como el AIFA, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, Segalmex, Mexicana de Aviación, los subsidios a Pemex y otros programas públicos, acompañados de cifras multimillonarias que concluyen con una frase tan simple como demoledora: “Esta cuenta no la pidió nadie, pero la pagamos todos.” Más allá de la intención política de quien elaboró el meme, resulta imposible ignorar que ha encontrado eco porque refleja un sentimiento que cada día parece extenderse entre un mayor número de ciudadanos.
No me interesa discutir si cada una de las cifras plasmadas en ese recibo corresponde exactamente a la realidad. Para ello existen las auditorías, los especialistas en finanzas públicas, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización. Lo verdaderamente importante no son los números impresos en ese papel, sino el mensaje que millones de mexicanos creen reconocer detrás de él. Los memes sobreviven únicamente cuando logran conectar con una percepción colectiva, y éste lo hace porque resume el desencanto de quienes confiaron en que México viviría una transformación ética y hoy sienten que simplemente cambió el nombre de quienes administran el poder.
Nunca he pertenecido a un partido político y, muy probablemente, nunca lo haré. No porque considere que la política carezca de importancia, sino porque durante más de treinta años mi vida profesional ha estado dedicada a denunciar abusos de autoridad, corrupción, violaciones a derechos humanos e injusticias institucionales, sin detenerme jamás a preguntar de qué color era el gobierno responsable. He señalado al PRI cuando utilizó el poder para proteger intereses particulares; he cuestionado al PAN cuando incurrió en las mismas prácticas que prometió erradicar; he criticado gobiernos estatales, fiscalías, universidades públicas y cualquier institución que haya colocado sus intereses por encima de la dignidad humana. Esa congruencia ha definido mi trayectoria y no pienso renunciar a ella porque el partido gobernante hoy se llame Morena.
Precisamente por esa historia personal me niego a aceptar que criticar a Morena convierta automáticamente a alguien en conservador, enemigo del pueblo o defensor del pasado. Esa simplificación ha sido uno de los mayores daños que ha provocado el discurso político de los últimos años. En una democracia madura, cuestionar al poder no debería interpretarse como un acto de traición, sino como una obligación ética de cualquier ciudadano que comprenda que ningún gobernante, por popular que sea, debe quedar exento del escrutinio público. La crítica nunca debilita a la democracia; por el contrario, constituye uno de los mecanismos que impiden que el poder termine devorando a las instituciones.
Existe una diferencia enorme entre la izquierda como corriente de pensamiento y la izquierda convertida en aparato político. La primera nació impulsando ideales profundamente respetables: combatir la desigualdad, ampliar derechos sociales, limitar los abusos del poder económico y colocar en el centro a quienes históricamente habían sido excluidos. Gracias a esas luchas se conquistaron importantes derechos laborales, sociales y humanos en distintas partes del mundo. Sin embargo, cuando cualquier corriente ideológica convierte el poder en un fin y deja de verlo como un instrumento para servir a la sociedad, comienza a perder aquello que le daba legitimidad moral. Entonces ya no importa la justicia social, sino la permanencia política; ya no importa fortalecer instituciones, sino controlar instituciones.
Ese, desde mi perspectiva, ha sido el mayor fracaso de Morena. No porque sea un partido de izquierda, sino porque terminó utilizando el discurso de la izquierda como vehículo para concentrar poder. Convenció a millones de mexicanos de que la corrupción tenía domicilio, apellido y colores perfectamente identificables, y que bastaba con sacar del gobierno a determinados partidos para erradicar un problema estructural que ha acompañado a México durante décadas. La realidad terminó demostrando que la corrupción jamás ha pertenecido exclusivamente a una ideología. La corrupción aparece cuando desaparecen los contrapesos, cuando las instituciones dejan de cumplir su función constitucional y cuando quienes gobiernan comienzan a creer que el respaldo obtenido en las urnas los coloca por encima de la ley.
Resulta profundamente paradójico observar cómo quienes durante años exigieron absoluta transparencia hoy reaccionan con descalificaciones frente a cualquier cuestionamiento; cómo quienes denunciaban el uso faccioso de las instituciones ahora parecen utilizarlas para proteger aliados y castigar adversarios; cómo quienes reclamaban la autonomía de los organismos constitucionales promovieron posteriormente su debilitamiento bajo el argumento de la austeridad; y cómo quienes criticaban el presidencialismo terminaron concentrando cada vez más decisiones fundamentales en una sola figura política. La transformación prometida dejó de ser una transformación institucional para convertirse, en muchos aspectos, en una sustitución de élites.
La tragedia de Morena no puede medirse únicamente en pesos, en porcentajes del Producto Interno Bruto o en el monto de la deuda pública. Su costo más elevado es de naturaleza moral. Cuando un movimiento político llega al poder asegurando que será distinto y termina justificando muchas de las prácticas que antes condenaba con vehemencia, no sólo se erosiona la confianza en ese partido; se debilita la confianza de la ciudadanía en la posibilidad misma de que exista una política distinta. Ese daño resulta infinitamente más difícil de reparar que cualquier desequilibrio financiero porque destruye la esperanza de quienes alguna vez creyeron que era posible transformar la vida pública desde la congruencia.
No escribo estas líneas movida por el resentimiento ni por la militancia partidista. Las escribo desde la convicción de que el combate a la corrupción nunca puede depender del partido que ocupe el poder. La corrupción debe denunciarse siempre, sin excepciones, sin cálculos políticos y sin dobles discursos. Si durante décadas exigimos cuentas a quienes gobernaban, hoy tenemos exactamente la misma obligación frente a quienes gobiernan. Cambiar de colores no significa cambiar de principios, y la congruencia consiste precisamente en mantener el mismo nivel de exigencia frente a cualquier administración.
Por eso el meme que hoy circula en redes sociales resulta tan poderoso. No porque constituya un documento financiero irrefutable ni porque sus cifras deban asumirse como verdades absolutas, sino porque logró condensar en una sola imagen una sensación que millones de mexicanos comienzan a compartir. Las cantidades podrán discutirse, ajustarse o incluso desmentirse; lo que difícilmente podrá negarse es el creciente desencanto de una sociedad que esperaba una transformación ética del poder y hoy observa cómo muchas de las prácticas que antes eran condenadas ahora son justificadas dependiendo de quién las cometa.
Los gobiernos son pasajeros. Los partidos políticos nacen, crecen, se transforman y eventualmente desaparecen. Los liderazgos terminan por agotarse y los discursos siempre encuentran quien los sustituya. Lo que permanece son las consecuencias de las decisiones públicas, las instituciones debilitadas, las oportunidades perdidas y las generaciones que deberán enfrentar los costos de aquello que nunca decidieron. Esa es la verdadera cuenta que México jamás pidió, pero que inevitablemente terminará pagando durante muchos años.
