AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Mientras veía las fotografías del último comunicado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, no pude evitar preguntarme cuántos de los periodistas veracruzanos que hoy enfrentan amenazas, hostigamiento, precariedad económica, persecución institucional o litigios derivados de su trabajo se encuentran representados en esa mesa donde todos sonríen para la cámara. Porque eso es precisamente lo que transmite la imagen: funcionarios satisfechos consigo mismos, reunidos para informar que la institución avanza, que los recursos se ejercen y que los apoyos llegan a quienes los necesitan. Una fotografía institucional impecable. Una mesa llena. Un comunicado cuidadosamente redactado. Una historia de éxito contada por quienes administran el presupuesto. Lástima que la realidad que vivimos muchos periodistas de Veracruz sea diametralmente opuesta a la que aparece en esas imágenes.
Después leí el comunicado.
Confieso que tuve que hacerlo dos veces para asegurarme de que había entendido bien. La CEAPP presume haber apoyado a 441 periodistas durante el primer semestre de 2026, haber ejercido casi medio millón de pesos en apoyos directos y contar con una bolsa de más de dos millones de pesos destinada a transferencias, subsidios y otras ayudas. Más adelante informa que su presupuesto comprometido para este año supera los 24 millones de pesos.
Veinticuatro millones de pesos.
La cifra es suficientemente grande como para obligar a cualquier periodista a formular una pregunta elemental: ¿dónde están los resultados?
No hablo de los comunicados. No hablo de las capacitaciones. No hablo de las reuniones. No hablo de las fotografías institucionales. Hablo de protección real. Hablo de periodistas que necesitan respaldo cuando una autoridad los persigue. Hablo de periodistas que enfrentan procedimientos administrativos o judiciales derivados de su actividad informativa. Hablo de periodistas que reciben amenazas. Hablo de periodistas cuya integridad, patrimonio, estabilidad económica y entorno familiar se encuentran bajo ataque precisamente porque decidieron ejercer la libertad de expresión en un estado donde la crítica sigue teniendo consecuencias.
Porque una cosa son las cifras que aparecen en un boletín y otra muy distinta la realidad que muchos conocemos cuando nos acercamos a esa institución esperando ayuda.
Yo lo sé porque he estado ahí.
Y precisamente por eso me cuesta trabajo compartir el entusiasmo que destila el comunicado.
En mi caso particular, la CEAPP me ha negado apoyos bajo el argumento de que los actos que he denunciado por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz corresponden a un asunto exclusivamente laboral. Así, de simple. Así, de cómodo. Así, de ignorante. Quienes integran la Comisión parecen no haber leído ni siquiera el marco normativo que protestaron cumplir. Parecen desconocer que la protección a periodistas no se limita a una agresión ocurrida mientras se sostiene una grabadora o se toma una fotografía. Parecen ignorar que la propia Ley 586 establece un concepto mucho más amplio: la protección de la esfera jurídica de la persona periodista.
Y la esfera jurídica no se limita a una nota periodística.
La esfera jurídica comprende derechos, patrimonio, integridad, seguridad, estabilidad, entorno familiar y todas aquellas condiciones indispensables para que una persona pueda ejercer libremente la libertad de expresión sin ser sometida a mecanismos de presión, represalia o desgaste institucional. Lo que la ley protege no es únicamente el momento en que el periodista publica una investigación. Lo que protege es la posibilidad real de que ese periodista pueda seguir ejerciendo su profesión sin que el poder político, económico o institucional destruya su vida en el intento.
Pero para comprender eso habría que leer la ley.
Y para aplicarla habría que entenderla.
La agresión contra un periodista no siempre llega mediante una amenaza telefónica o una agresión física. A veces llega mediante el abuso de poder. A veces llega mediante el uso faccioso de instituciones públicas. A veces llega mediante procedimientos administrativos diseñados para destruir económicamente a quien resulta incómodo. A veces llega mediante la utilización del aparato gubernamental para castigar voces críticas. A veces llega afectando el patrimonio, el empleo, la estabilidad emocional y la seguridad familiar de quien se atreve a señalar aquello que el poder quisiera mantener oculto. Cualquier organismo serio de protección a periodistas entiende perfectamente esa realidad. Al parecer la CEAPP no.
Y mientras los periodistas tenemos que estudiar la ley para defendernos solos, quienes cobran para aplicarla parecen no haberse tomado la molestia de leerla completa.
Por eso resulta tan ofensivo escucharles hablar de protección.
Porque la protección tampoco existe en los aspectos más básicos de su operación. Hace más de dos meses reporté fallas en las cámaras de videovigilancia instaladas como parte de las medidas de seguridad que supuestamente deben protegerme. Dos meses. La respuesta institucional fue digna de una caricatura burocrática. En lugar de reparar el equipo, enviaron a un técnico para que fuera yo, a través de WhatsApp, quien le explicara qué tenían las cámaras. Es decir, la periodista beneficiaria de las medidas terminó haciendo funciones de diagnóstico técnico porque la Comisión fue incapaz de resolver algo tan elemental como revisar su propio equipo.
Esa es la CEAPP real.
No la de los comunicados.
No la de las fotografías.
No la de los discursos.
La CEAPP que conozco es una institución donde los problemas se administran, se archivan, se justifican y se posponen, pero rara vez se resuelven.
Por eso también me llaman la atención las cifras económicas. Porque mientras los periodistas seguimos pagando abogados de nuestro bolsillo, trasladándonos por nuestra cuenta, enfrentando litigios, cubriendo gastos médicos y absorbiendo los costos derivados de las agresiones que sufrimos, la Comisión presume presupuestos multimillonarios y ejercicios financieros que difícilmente se reflejan en la vida cotidiana del gremio. Uno observa las fotografías, escucha las sesiones del pleno, revisa los informes y termina con la impresión de que el dinero alcanza para todo menos para aquello para lo que fue creada la institución.
Y seamos honestos.
Después de tantos años de funcionamiento, resulta imposible no preguntarse cuánto de esos recursos termina verdaderamente destinado a la protección de periodistas y cuánto se consume en la propia burocracia que administra la Comisión. Porque lo que sí vemos son sesiones, reuniones, viáticos, personal administrativo, informes, comunicados y eventos institucionales. Lo que no vemos son resultados proporcionales al presupuesto que reciben. Lo que no vemos es una reducción real del riesgo para quienes ejercen el periodismo. Lo que no vemos es una institución que genere confianza entre el propio gremio al que dice representar.
Lo más grave es que han terminado construyendo una burbuja donde ellos mismos evalúan su desempeño, ellos mismos redactan sus boletines, ellos mismos celebran sus resultados y ellos mismos concluyen que todo marcha de maravilla. Afuera de esa burbuja, sin embargo, están los periodistas que siguen siendo amenazados, los que siguen siendo perseguidos, los que siguen enfrentando represalias y los que continúan sintiéndose completamente solos cuando realmente necesitan protección.
Y entonces aparece la pregunta incómoda que nadie dentro de la CEAPP quiere responder.
Si son tan exitosos como dicen ser, ¿por qué existe tanta inconformidad entre los periodistas?
Si las medidas de protección funcionan tan bien, ¿por qué continúan ocurriendo agresiones?
Si los recursos se ejercen de manera tan eficiente, ¿por qué los beneficiarios no perciben esos resultados?
Si la institución cumple cabalmente con su misión, ¿por qué cada vez son más las voces que cuestionan su utilidad?
Y aquí es donde me dirijo directamente a la gobernadora Rocío Nahle García.
Gobernadora: deje de imponer perfiles burocráticos, perfiles políticos y perfiles complacientes en una institución que fue creada para proteger periodistas y no para satisfacer cuotas de poder. La CEAPP no necesita más comisionados dóciles, más funcionarios cómodos ni más administradores de escritorio. Necesita periodistas, defensores de la libertad de expresión y especialistas que comprendan los riesgos reales que enfrenta el gremio.
La realidad demuestra que quienes hoy integran la Comisión han tenido tiempo suficiente para demostrar su capacidad y los resultados están a la vista de todos. Por respeto a los periodistas veracruzanos, ha llegado el momento de remover a quienes actualmente ocupan esos espacios. No de hacer ajustes cosméticos. No de cambiar nombres para que todo siga igual. No de reciclar a los mismos grupos de siempre. Hablo de una renovación total.
Ya basta de que el poder político decida quién habla en nombre de los periodistas.
Ya basta de que los gobiernos nombren representantes que no representan a nadie.
Ya basta de organismos que dicen proteger periodistas sin escuchar a los periodistas.
Si la CEAPP va a seguir existiendo, entonces el gremio debe tener una participación determinante en la designación de quienes la integran. Porque somos nosotros quienes conocemos los riesgos. Somos nosotros quienes enfrentamos las amenazas. Somos nosotros quienes padecemos las consecuencias de una protección deficiente. Y somos nosotros quienes terminamos pagando el costo cuando la institución falla.
La fotografía es impecable.
El comunicado también.
Lo que sigue sin aparecer es la protección.
Y mientras eso no ocurra, cada peso gastado, cada sesión celebrada y cada comunicado difundido seguirán siendo apenas otro intento por convencernos de una realidad que los periodistas veracruzanos conocemos perfectamente bien: la CEAPP se protege mejor a sí misma de lo que protege a quienes dice representar. Y cuando una institución termina convirtiéndose en un refugio de funcionarios ineficaces, desconectados de la realidad del gremio y más preocupados por justificar su existencia que por cumplir su misión, lo responsable no es defenderla.
Lo responsable es reconstruirla desde sus cimientos. Con periodistas. Para periodistas. Y no con quienes han demostrado que ni siquiera son capaces de leer y comprender la ley que juraron aplicar.
