Por Silvia Núñez Hernández
En el caso de Lenia Batres, considero inadmisible que se pretenda responder a los cuestionamientos sobre su desempeño exhibiendo sus grados académicos, como si un documento pudiera borrar lo que los ciudadanos hemos visto en las sesiones del Pleno. Mi opinión es clara: la ministra no ha demostrado la preparación, el cuidado y la solvencia jurídica que debemos exigir a quien ocupa un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene una responsabilidad frente a personas cuyo patrimonio, libertad, salud y acceso a la justicia pueden depender de las decisiones en las que participa. A quienes sostenemos esta crítica nos corresponde documentarla; a ella, como servidora pública, le corresponde responder con argumentos y actuaciones a la altura del cargo.
Las confusiones están registradas por la propia Corte. El 20 de enero de 2026 intervino sobre reproducción asistida cuando se discutía el recurso de apelación 11/2025, relacionado con una medida precautoria; el presidente tuvo que aclararle que estaba hablando de otro asunto. El 25 de marzo volvió a ocurrir: durante la apelación 12/2025 comenzó a argumentar sobre el Código Penal de Colima y un expediente que había quedado en lista. Reconoció la confusión y cambió su intervención. ¿Cuántas veces tendría que suceder para que los diputados consideren necesario revisar seriamente su desempeño? Que el error haya sido advertido y corregido evita atribuirle consecuencias que no produjo, pero no elimina la obligación de explicar por qué se repite en el máximo tribunal del país. (scjn.gob.mx, scjn.gob.mx)
Por eso sus credenciales académicas son relevantes y deben verificarse con rigor. En la imagen del documento que presentó se aprecia una fotografía a color, aretes colgantes, una blusa estampada y la expresión «grado de Doctorado en Derecho Constitucional». Corresponde exigir que la universidad identifique el formato registrado y los requisitos aplicables a esa expedición, así como la documentación que acredita sus estudios y la obtención del grado. Tampoco debe pasar inadvertido que el dictamen del Senado de 2023 repite un mismo número de cédula para dos maestrías distintas, mientras el currículum presentado al INE consigna números diferentes. Esa discrepancia requiere aclaración desde los documentos originales, para establecer si provino de una captura incorrecta o de la información entregada. (sil.gobernacion.gob.mx, candidaturaspoderjudicial.ine.mx)
Si presume preparación, debe aceptar que se comprueben sus antecedentes: cuándo ingresó a cada programa, cuándo concluyó, qué materias cursó, qué modalidad de titulación utilizó y qué requisitos acreditó. Cuando existen dudas sobre la cronología o la carga académica, la respuesta debe encontrarse en certificados, expedientes y constancias. Además, el reglamento publicado por Tepantlato establece dos años para su programa doctoral y contempla distintas modalidades de obtención del grado; habrá que precisar cuál le aplicaron y cómo acreditó sus exigencias. Considero inaceptable que se espere de los ciudadanos una confianza automática mientras las preguntas sobre la preparación de una ministra se reciben como una ofensa. (universidadtepantlato.edu.mx)
Pero el asunto del ISSSTE lleva esta discusión a un terreno todavía más delicado. El amparo directo en revisión 5740/2025 corresponde al reclamo de una familia por la muerte de una mujer y una presunta negligencia médica. El tribunal colegiado había concedido protección a los familiares y fue el instituto quien recurrió. En la sesión del 4 de noviembre de 2026, Batres presentó un proyecto que proponía revocar la sentencia y sostuvo que el plazo de dos años debía contarse desde el día siguiente a aquel en que los interesados tuvieran el acta de defunción. Seis integrantes respaldaron, en cambio, que se computara desde el conocimiento del daño derivado de la actuación irregular. Después, cinco votaron por dejar el asunto en lista para revisar por escrito las nuevas consideraciones. Esto consta en la versión taquigráfica oficial de esa sesión.
Lo que estaba en discusión tenía consecuencias para una familia que buscaba reclamar una indemnización: contar el tiempo desde un acta de defunción puede cerrarles la puerta a quienes descubren después la posible negligencia. A ello se suma una circunstancia que exige escrutinio: el ISSSTE está dirigido por Martí Batres, hermano de la ministra. Esa relación y su participación en un litigio contra el instituto plantean preguntas sobre imparcialidad que deben examinarse con el expediente completo. ¿Se analizó la existencia de algún impedimento? ¿Qué razones jurídicas sustentaron su intervención? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que los vínculos familiares no afectarán sus posibilidades de obtener justicia? La discusión pública sobre este caso ha señalado precisamente ese posible conflicto de interés. (imagenzac.com.mx, gob.mx)
A mi juicio, esta combinación de errores reiterados y dudas sobre imparcialidad representa un riesgo para los ciudadanos y para la credibilidad de la Corte. No sostengo que una diferencia de criterio demuestre por sí sola tráfico de influencias; sostengo que los vínculos y las actuaciones deben investigarse cuando existen elementos concretos que justifican preguntas. La familia que llega hasta la Suprema Corte merece que su asunto sea estudiado con precisión y sin una sombra de favoritismo. Resulta profundamente preocupante que, además de enfrentar años de procedimientos, tenga que preguntarse por las relaciones familiares de quienes intervienen en la resolución.
También corresponde exigir cuentas por la responsabilidad política de quienes la llevaron y respaldaron en ese cargo. Lenia Batres fue designada por López Obrador en diciembre de 2023 y posteriormente obtuvo el cargo en la elección judicial de 2025; su ingreso original no se produjo mediante una tómbola. Eso no impide cuestionar severamente el modelo de selección ni el uso de sorteos dentro de la reforma judicial. Mi crítica es que ningún procedimiento de selección puede servir para eludir la evaluación del desempeño de quienes finalmente llegan a juzgar. (gob.mx, sidof.segob.gob.mx)
Frente a estos antecedentes, me pregunto para qué quieren los partidos políticos tantos diputados, tantos asesores y tanto presupuesto si, cuando llega la hora de exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder, sus cuestionamientos se quedan en una entrevista, una conferencia de prensa o una publicación en redes sociales. El caso de Lenia Batres obliga a poner también la mirada en el Congreso. Porque resulta muy cómodo expresar indignación frente a las cámaras y dejar que los ciudadanos sigamos preguntándonos quién va a hacer algo. Los legisladores cobran, tienen personal jurídico y conocen —o deberían conocer— los procedimientos constitucionales. Entonces, ¿qué les impide revisar los hechos, integrar un expediente y sostener jurídicamente lo que dicen en público?
A los partidos que se presentan como oposición habría que exigirles una explicación. Si consideran que una ministra ha incurrido en conductas graves, que documenten cuáles son y procedan. Si después de revisar los antecedentes concluyen que no existen elementos suficientes, que lo expliquen y asuman el costo de sus propias declaraciones. Lo que no podemos seguir aceptando es que alimenten el enojo ciudadano mientras evitan comprometerse con una acción concreta. Para pedir el voto sí recorren calles, llaman a defender las instituciones y aseguran que van a ponerle un alto a los abusos. Una vez instalados en sus curules, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarles dónde quedó esa determinación y qué están haciendo con las herramientas que les entregó la representación popular.
La Constitución contempla el juicio político. El artículo 109 establece la responsabilidad por actos u omisiones cometidos en el ejercicio de funciones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, y el artículo 110 incluye expresamente a las ministras y los ministros de la Suprema Corte entre quienes pueden ser sujetos de ese procedimiento, con sanciones de destitución e inhabilitación. Citar esos artículos no demuestra la responsabilidad de nadie, pero sí deja claro que existe una vía constitucional que merece ser examinada cuando se denuncian conductas de esa gravedad. La pregunta para los diputados es qué han revisado, qué pruebas tienen y qué están dispuestos a hacer con ellas. (diputados.gob.mx)
Seguramente aparecerá la explicación de los votos. Para formular la acusación se necesita la mayoría absoluta de los diputados presentes y, para imponer la sanción, las dos terceras partes de los senadores presentes. Es una dificultad real, pero presentar una denuncia sustentada no exige tener asegurada de antemano la destitución. (diputados.gob.mx) Si todo lo que una oposición está dispuesta a promover depende de que la mayoría le garantice el resultado, entonces su capacidad de confrontar al poder queda reducida a lo que ese mismo poder quiera permitirle. Impulsar un procedimiento también significa promover el examen de los hechos y exigir que se expresen razones y se asuman posiciones públicas. Si consideran que no conviene hacerlo, que tengan la claridad de explicar por qué.
La mayoría parlamentaria tampoco puede quedar fuera de este reclamo. Recibir una denuncia obliga a examinar sus elementos conforme al procedimiento aplicable; no convierte automáticamente a la persona señalada en responsable. Pero tampoco sería aceptable desechar un asunto para evitarle un problema político a alguien cercano. Los ciudadanos debemos conocer las razones jurídicas de las decisiones, porque el Congreso se desacredita cuando exige cuentas con severidad a sus adversarios y pierde el interés en la rendición de cuentas en cuanto el señalamiento toca a los propios. El dinero con el que funciona el Poder Legislativo sale de una sociedad que tiene derecho a exigir algo más que lealtades partidistas.
Los diputados tienen aquí hechos y documentos que revisar. Que soliciten las aclaraciones académicas, estudien las intervenciones del Pleno y examinen los posibles impedimentos en asuntos relacionados con instituciones encabezadas por familiares. Si se documentan irregularidades, corresponde determinar sus consecuencias legales y su relación con el ejercicio del cargo. Tampoco basta extender el señalamiento a toda la Corte: cada conducta debe identificarse y cada responsabilidad debe sostenerse por separado. Quienes cuentan con recursos públicos para estudiar estos asuntos tienen que demostrar que saben utilizarlos. Lo inadmisible es que todo termine en otro intercambio de descalificaciones mientras los ciudadanos seguimos esperando una revisión institucional seria.
Nosotros, como ciudadanos, podemos empezar por organizarnos, reunir información verificable y entregar un expediente a diputados de distintos grupos parlamentarios, solicitándoles que lo revisen, lo fortalezcan y respalden las actuaciones que legalmente correspondan. El artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos reconoce el derecho ciudadano a presentar una denuncia escrita y apoyada en pruebas, de manera que no necesitamos la autorización de un partido para ejercerlo. Lo que podemos exigir de nuestros representantes es acompañamiento jurídico y seguimiento, con nombres y compromisos concretos. La denuncia formal se presenta ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y debe ratificarse dentro de los tres días naturales siguientes, como establece el artículo 12. (diputados.gob.mx)
La entrega de ese expediente debe tener acuse y la respuesta de cada legislador debe conocerse. Quién aceptó revisarlo, quién encontró elementos para proceder, quién se negó y con qué argumentos. Demasiadas veces los ciudadanos nos quedamos con una fotografía, una promesa de apoyo y un número telefónico al que después nadie responde. Si los diputados quieren seguir hablando en nombre de nuestra indignación, tendrán que demostrar qué hacen con ella cuando se apagan las cámaras. Para eso pidieron el voto y para eso cobran. La sociedad no tiene por qué conformarse con escucharlos repetir las mismas críticas que cualquiera puede publicar desde su teléfono. Una ministra debe responder por sus actuaciones y un diputado por el ejercicio de sus atribuciones. Ninguno puede pedirnos confianza mientras evita rendir cuentas.
