Por Silvia Núñez Hernández
Existe una característica que distingue a los negocios verdaderamente rentables: nadie quiere soltarlos. No importa el partido político, la ideología, el discurso de campaña o la narrativa de transformación que se pretenda construir. Cuando un negocio público genera millones de pesos al año, las diferencias partidistas suelen volverse extraordinariamente flexibles. Y si existe un ejemplo que durante años ha despertado dudas, cuestionamientos y muy pocas respuestas claras en el municipio de Veracruz, ese es, sin lugar a dudas, el sistema de parquímetros.
La reciente aprobación de la ampliación del sistema hacia el bulevar Manuel Ávila Camacho, específicamente en el tramo comprendido entre Santos Pérez Abascal, a la altura de Playa Villa del Mar, y la calle Juan Enríquez, en la zona del Aquarium, fue presentada por las autoridades municipales como una medida necesaria para mejorar la movilidad urbana, ordenar el flujo vehicular y atender la creciente demanda de espacios de estacionamiento en una de las áreas turísticas más importantes del puerto. El argumento, en apariencia, resulta razonable y hasta técnicamente defendible.
Sin embargo, quienes tenemos la mala costumbre de ejercitar la memoria pública y de hacer preguntas incómodas, inevitablemente encontramos elementos que merecen una explicación mucho más amplia que la ofrecida hasta ahora. Porque la historia de los parquímetros en Veracruz no comenzó ayer ni tampoco puede entenderse únicamente a partir de la última sesión de Cabildo.
Durante años, el nombre de la empresa Zeus Monitoreo Vial se convirtió en sinónimo del negocio de los parquímetros en el puerto de Veracruz. La narrativa política que acompañó su operación estuvo marcada por señalamientos relacionados con la distribución de los ingresos, la conveniencia económica de la concesión y el beneficio real que obtenía el Ayuntamiento frente a la empresa privada. Fue precisamente sobre ese discurso que la entonces alcaldesa Patricia Lobeira construyó una de sus decisiones políticas más publicitadas: la determinación de no renovar la concesión a Zeus y asumir directamente la administración del sistema.
La explicación oficial fue contundente. Se argumentó que el municipio recibía únicamente una parte de la recaudación y que, al asumir el control total del sistema, el Ayuntamiento podría obtener mayores ingresos para destinarlos a obras y servicios públicos. Se habló de eficiencia administrativa, de recuperación de recursos y, por supuesto, de transparencia. La promesa política fue clara: el negocio dejaría de estar en manos privadas y pasaría a ser administrado directamente por la autoridad municipal en beneficio de la ciudadanía.
La concesión, de acuerdo con la información oficial difundida en aquel momento, concluyó definitivamente en noviembre de 2022. Se nos dijo que Zeus quedaba fuera del negocio. Se nos aseguró que el Ayuntamiento operaría directamente el sistema. Se nos explicó que no existía intención alguna de renovar la concesión y que la ciudad tendría finalmente un control absoluto sobre los recursos generados por los parquímetros.
Por eso, debo reconocer que me genera una profunda confusión observar que el nombre de Zeus vuelve a aparecer cada vez que se discute públicamente la expansión del sistema de parquímetros. Y aquí es donde comienzan las preguntas que, creo, merecen ser respondidas de manera puntual por las autoridades municipales.
Si la concesión terminó en 2022, ¿por qué el nombre de Zeus sigue apareciendo en la narrativa pública relacionada con los parquímetros? ¿Estamos ante una simple referencia histórica? ¿Existe algún tipo de participación tecnológica, operativa, administrativa o contractual que no ha sido explicada suficientemente a la ciudadanía? ¿O estamos frente a una confusión institucional que nadie ha considerado necesario aclarar? Porque, tratándose de recursos públicos y de un negocio que mueve millones de pesos, los detalles dejan de ser detalles y se convierten en información indispensable.
Pero vayamos a un ejercicio elemental de aritmética. Supongamos —porque creo que eso cobran— que el costo del servicio es de siete pesos por hora y que los parquímetros operan de las seis de la mañana a las ocho de la noche. Bajo esa lógica, cada parquímetro tendría una recaudación potencial de 98 pesos diarios.
La última vez que pregunté, me informaron que existían alrededor de tres mil parquímetros en el municipio, aunque debo reconocer que esa cifra probablemente ya quedó rebasada. Sin embargo, si utilizamos ese dato como referencia, estaríamos hablando de ingresos diarios cercanos a los 294 mil pesos. Multiplicado por seis días de operación a la semana —porque los domingos no cobran—, el resultado sería una recaudación semanal de un millón 764 mil pesos.
Si llevamos el ejercicio a un periodo mensual, estaríamos hablando de ingresos superiores a los siete millones de pesos. Y si proyectamos la cifra a un año, la recaudación potencial superaría los 84 millones de pesos anuales. Insisto: se trata únicamente de un ejercicio aritmético basado en datos aproximados y no de una afirmación sobre los ingresos reales del Ayuntamiento. Pero precisamente por ello resulta indispensable conocer cuáles son las cifras oficiales.
¿Cuánto dinero han generado realmente los parquímetros desde que el Ayuntamiento asumió directamente su operación? ¿Cuál fue la recaudación total en 2023? ¿Cuál fue la recaudación total en 2024? ¿Cuánto se ha recaudado durante el presente ejercicio fiscal? ¿Cuál es el costo real de operación del sistema? ¿Qué porcentaje de los ingresos se destina a mantenimiento, administración y expansión? ¿Quién supervisa esos recursos? ¿Quién los audita? ¿Dónde puede cualquier ciudadano consultar, de manera sencilla y transparente, el destino exacto de cada peso obtenido?
Porque aquí es donde la discusión deja de ser un debate técnico sobre movilidad urbana y se transforma en un debate sobre transparencia, rendición de cuentas y ejercicio del poder público. La experiencia política mexicana demuestra que los gobiernos difícilmente renuncian a una fuente importante de ingresos. Por el contrario, cuando descubren un mecanismo de recaudación eficiente, generalmente buscan ampliarlo, fortalecerlo y conservarlo.
Y eso nos regresa inevitablemente a la pregunta inicial. Si el Ayuntamiento decidió quedarse con el negocio porque era más conveniente para las finanzas públicas y porque ello garantizaría una mayor transparencia, ¿por qué sigue siendo tan difícil conocer con precisión cuánto dinero producen realmente los parquímetros? ¿Por qué continúan existiendo dudas sobre la operación, los ingresos y hasta sobre los actores que participan en el sistema?
Tal vez exista una explicación administrativa completamente razonable. Tal vez todas las cifras estén disponibles y perfectamente documentadas. Tal vez la transparencia sea absoluta. Pero si eso es cierto, entonces debería ser extraordinariamente sencillo demostrarlo.
Porque existe una regla no escrita en la política mexicana que rara vez falla: cuando un negocio público genera decenas de millones de pesos al año y, aun así, resulta complicado conocer cuánto produce, quién lo administra y cómo se gasta, probablemente estamos frente a uno de los negocios más rentables del poder. Y esos, curiosamente, suelen ser también los negocios que menos ganas tienen sus administradores de explicar.
