Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda
Por Rebeca Solano
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que fue el exgobernador Jaime Bonilla Valdez quien la puso en contacto con las personas que presuntamente se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, con quienes sostuvo la conversación filtrada recientemente.
Durante su conferencia semanal, la mandataria afirmó que fue víctima de un engaño con fines políticos y sostuvo que los audios fueron grabados sin su consentimiento, editados y difundidos fuera de contexto para afectar a su administración de cara al proceso electoral de 2027.
«Nunca traicionaría a nuestra patria, nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional o la soberanía del país», declaró la gobernadora, quien rechazó las acusaciones de presunta traición a la patria.
Ávila Olmeda explicó que aceptó reunirse el 15 de diciembre de 2025 con esas personas luego de que Jaime Bonilla le ofreciera un acercamiento para abordar el tema de la cancelación de su visa estadounidense, confiando en su antecesor.
Según la mandataria, durante la reunión le hablaron de supuestos procesos judiciales y cargos en Estados Unidos, con el objetivo de provocar una reacción que posteriormente pudiera utilizarse en su contra. Posteriormente, dijo, canalizó el caso con su abogado estadounidense, Michael Nadler, aunque aseguró que nunca fue contactado por esas personas.
Asimismo, acusó que el enviado de Jaime Bonilla realizó un montaje y calificó el hecho como una operación de engaño y venganza política, cuyo propósito era desacreditarla antes del proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador.
La gobernadora también informó que analiza emprender acciones legales por la filtración de los audios, aunque señaló que aún no ha definido el tipo de recurso jurídico que presentará.
Por su parte, Jaime Bonilla Valdez enfrenta actualmente un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, en el que se le imputan presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. Hasta el momento, el exgobernador no ha respondido públicamente a los señalamientos realizados por Marina del Pilar.
