Gobernador Samuel García Sepúlveda,
Por Rebeca Solano
La representación de Morena en Nuevo León presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa, familiares y funcionarios estatales, por una presunta triangulación de recursos públicos.
La denuncia fue presentada por el senador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario general de Morena en Nuevo León, René González Hernández, quienes solicitaron investigar operaciones que, según el partido, superarían mil 400 millones de pesos.
Entre las personas señaladas se encuentran Samuel García Sepúlveda, Mariana Rodríguez Cantú, Samuel Orlando García Mascorro, Samuel Orlando García Villarreal, Miguel Ángel Flores Serna y Éric Peñalver Serna, además de quienes resulten responsables.
Morena pidió investigar posibles delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a lo que determinen las autoridades.
De acuerdo con los denunciantes, los recursos públicos habrían sido transferidos mediante proveedores del Gobierno de Nuevo León hacia un despacho relacionado con la familia del gobernador, por lo que solicitaron revisar la ruta y trazabilidad del dinero.
También pidieron la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para analizar los movimientos financieros y fiscales relacionados con los hechos denunciados.
Los morenistas señalaron además como elemento a revisar la respuesta presentada por el gobernador dentro del procedimiento de juicio político que se desarrolla en el Congreso de Nuevo León, relacionada con las operaciones señaladas.
La denuncia se suma a otra presentada por Morena en mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por señalamientos similares de presunta triangulación de recursos.
Los denunciantes insistieron en que corresponderá a las autoridades investigar los hechos y determinar, conforme al debido proceso, si existen responsabilidades.
