Por Rebeca Solano
La represalia por los operativos de seguridad y la detención de René “N”, alias “El Rhino”, es la principal línea de investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, informó este viernes 16 de octubre de 2026 la Fiscalía General del Estado.
El vicefiscal Israel Vega Rodríguez informó que las investigaciones presentan un avance aproximado del 90 por ciento y que hasta el momento hay 33 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio.
Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, en un crimen que provocó una amplia movilización de las autoridades para identificar a los responsables, determinar el móvil del ataque y esclarecer la posible participación de grupos delictivos.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el homicidio podría estar relacionado con las acciones de seguridad implementadas durante la administración de Manzo, particularmente con la detención de “El Rhino”, señalado como presunto jefe criminal de la región.
Las autoridades consideran que estas acciones pudieron desencadenar una represalia contra el entonces alcalde. No obstante, esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación y deberá sustentarse con pruebas dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
Entre las personas detenidas que han sido mencionadas en las indagatorias se encuentran Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, quienes son investigados por su probable participación en el caso.
La Fiscalía continúa recabando información y reuniendo elementos probatorios para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los señalados y presentar los argumentos correspondientes ante los tribunales.
Con un avance reportado del 90 por ciento y 33 personas detenidas, el caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer de manera integral el asesinato de Carlos Manzo y confirmar el móvil del crimen.
La Fiscalía precisó que las investigaciones siguen abiertas y que la hipótesis de una represalia por los operativos de seguridad no constituye una sentencia judicial definitiva sobre las responsabilidades de las personas involucradas.
