Por Edgar Hernández / LíneaCaliente
Conscientes de la cada día la vida está más cara los carteles delincuenciales, particularmente en el norte de Veracruz donde opera el Grupo Sombra, determinaron incrementar los cobros de piso en negocios establecidos y tianguis e imponer cuotas por cada evento público.
Todo desde luego con el puntual apoyo de las alcaldías y el auxilio de la policía -la Secretaría de Seguridad Pública que se hace de la vista gorda- beneficiarios con dichos incrementos como parte de las nuevas políticas financieras de la criminalidad.
El problema es que los afectados se niegan a pagar no solo el incremento, sino el chantaje en abierto al comercio organizado y a informal que crece a partir de 2018 y toma carta de “legalidad” en 2024 no solo el Veracruz sino en todo el país.
Es un cáncer.
El problema detonó en días pasados cuando por primera vez en 75 años, la Feria de Tuxpan se quedó sin su histórica exposición ganadera, luego de que fuera cancelada la V Exposición Internacional de Ganado Cebú, programada del 7 al 23 de agosto de 2026.
Los medios de comunicación locales dan cuenta que detrás de la suspensión existirían presuntas amenazas y exigencias de 500 pesos por cada una de las más de 5 mil cabezas de ganado que serían comercializadas.
El cobro, denunciado por los propios ganaderos alcanzaría los 2.5 millones de pesos, una cantidad que habría terminado por expulsar a productores y cancelar uno de los eventos ganaderos más importantes del norte de Veracruz con una tradición de tres décadas.
A todo ello ¿qué dice la gobernadora Rocío Nahle?
Superficial, como siempre, aseguró que no existe información oficial que confirme la extorsión y llamó a los ganaderos afectados a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que entreguen datos y se investigue el caso.
Una salida fácil, muy parecida a la que se sucedió cuando se le señaló el atarantado Cuitláhuac García por un desvío de mil 600 millones de pesos. “¡Que se investigue!” argumentó en sesuda respuesta.
Así está Nahle.
El caso de la Feria Ganadera y su negativa al chantaje pone de nuevo en el tapete del debate los negocios criminales con respaldo del gobierno que bien sabe que lo que cobra la mafia es mayor que el más alto de los impuestos municipales de cualquier índole.
Para nadie es desconocido que en los mercados ambulantes ya no hay comerciantes debido a que la extorsión dejó de ser mensual, vaya ni siquiera semanal, sino diaria y que los inspectores y directores de comercio municipales tienen la orden de despojar a los vendedores de sus espacios si no cumplen.
Así de grave.
Así es como opera la delincuencia hoy más organizada que nunca. Es la que cobra 100 pesos diarios a las tineras que venden verduras en las banquetas, mientras que los cobros por permiso de comercio son de 10 pesos y 10 más -por fuera- para el inspector.
El cobro de piso se registra además en locales de abarrotes, peluquerías, ferreterías, tiendas de ropa, joyerías y tiendas de conveniencia.
No puedes poner un local de carpintería porque hasta ahí llega la criminalidad a veces, incluso, acompañada de la policía que se mantiene a distancia.
Lo mismo sucede con los pequeños comercios de ropa y artículos de cocina, en los locales de belleza y carnicerías, en las fondas y restaurantes. Vaya hasta con los vendedores de helados en sus modestos carritos de bicicleta.
Para Carteles y gobierno es el negocio del siglo donde el cobro de piso se suma a la inseguridad carretera, el trafico de huachicol y droga y en las zonas residenciales la advertencia de que ya viene el cobro para casas habitación, es decir, ni la clase media y alta se salvarán del pago por derecho de piso.
La criminalidad está desbordada mientras Morena y en el caso de Veracruz con su singular gobernadora, solo atina a señalar: ¡Que se investigue!
