Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda
Por Rebeca Solano
Un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue difundido este lunes 10 de agosto por el periodista Gildo Garza. En la grabación se plantea a la mandataria una “última oportunidad” para cooperar con autoridades de Estados Unidos y aparece por primera vez el término proffer letter, un mecanismo del sistema legal estadounidense para compartir información con fiscales bajo condiciones pactadas.
¿Qué se escucha en el audio?
Según la transcripción difundida, uno de los interlocutores señala que las agencias estadounidenses “ya no quieren hablar” con la gobernadora, debido a que considerarían que se ha “perdido el tiempo”.
Ante esta situación, le explican que debería recurrir al mecanismo proffer junto con su abogado para buscar evitar cargos o sanciones.
En entrevista radiofónica, Gildo Garza explicó que el audio estaría relacionado con la figura conocida como proffer, mediante la cual una persona bajo investigación puede proporcionar información a fiscales como parte de una posible negociación.
El periodista aclaró que este procedimiento no convierte automáticamente a una persona en informante ni constituye por sí mismo una prueba de culpabilidad.
La carta y la negociación
En el fragmento reproducido, uno de los interlocutores explica que la alternativa sería preparar una “proffer letter”, en la que se tendría que informar al gobierno estadounidense qué quiere discutir la gobernadora y qué podría ofrecer a cambio, con el objetivo de mantener abierta una posible negociación.
La mención a Michael Nadler
En el audio también se menciona a un abogado identificado como Michael Nadler, a quien Garza describe como un exfiscal federal de Florida especializado en lavado de dinero y delitos financieros.
Sin embargo, en la conversación no se explica cuál sería el papel de Nadler ni qué investigación existiría en Estados Unidos contra Marina del Pilar.
Por ello, hasta ahora, el contenido del audio y las afirmaciones atribuidas a los interlocutores no acreditan por sí mismos la existencia de cargos o una investigación penal contra la gobernadora.
