Fracking
Por Rebeca Solano
Treinta y dos organizaciones ambientales y comunitarias rechazaron la evaluación del Gobierno mexicano sobre el uso de la fracturación hidráulica (fracking) y exigieron prohibir esta técnica en todo el país.
Las organizaciones cuestionaron que el comité científico convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum planteara continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Aunque los expertos descartaron el fracking en Tampico-Misantla por sus riesgos sociales y ambientales, las ONG consideraron que proteger únicamente esa región no es suficiente, debido a los posibles impactos para las comunidades del noreste, una zona que enfrenta problemas de disponibilidad de agua.
Las organizaciones reclamaron una prohibición constitucional del fracking en todo México, al considerar que es la única forma de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano.
También cuestionaron la integración del comité científico, pues señalaron que no incluyó a representantes de las comunidades potencialmente afectadas, ni especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
Las ONG rechazaron además los argumentos sobre el uso de agua salada, reciclaje y nuevos aditivos para reducir los impactos de la técnica. Afirmaron que estas alternativas continúan en fase experimental y que no existe evidencia suficiente de que eliminen riesgos como la contaminación de acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos y afectaciones a la salud.
Otro punto de preocupación es el manejo de los residuos. Las organizaciones señalaron que la evaluación no establece con claridad cómo se tratarían las aguas residuales, ni garantiza la publicación de información sobre su ubicación, volumen y composición química.
De acuerdo con datos citados de CartoCrítica, extraer apenas 10 por ciento de los recursos prospectivos de gas no convencional requeriría más de 25 mil pozos y alrededor de mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Finalmente, las organizaciones estimaron que más de seis millones de personas viven en zonas con potencial de extracción o en áreas de influencia, y advirtieron que ocho de cada diez litros de agua requeridos para el fracking se utilizarían en condiciones de grave riesgo hídrico.
