Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya
Por Rebeca Solano
Senadores del PAN y PRI afirmaron que la entrega en Estados Unidos de un exfuncionario cercano al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el congelamiento de cuentas bancarias, evidencian que sí existen elementos en las investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las críticas surgieron luego de que el Gabinete de Seguridad confirmara que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a autoridades estadounidenses tras cruzar por la garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona.
A la par, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas contra Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Inzunza y otros señalados que estarían requeridos con fines de extradición.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien realiza una gira en Washington, anunció que continuará presentando denuncias ante instancias de Estados Unidos contra lo que llamó “narcopolíticos de Morena”, y exigió que se actúe con firmeza.
Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya consideró que el siguiente paso podría ser la intervención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que implicaría un congelamiento internacional de cuentas.
En tanto, el senador panista Mario Vázquez Robles sostuvo que “la defensa a ultranza del gobierno se cae a pedazos” y planteó que la entrega de Mérida Sánchez podría responder a que algunos implicados tendrían mayores garantías procesales en Estados Unidos.
Los legisladores exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con independencia y cumplir con los tratados internacionales, al tiempo que cuestionaron que Morena y el gobierno federal continúen respaldando políticamente a los señalados.
“El país exige justicia, no complicidades”, señalaron.
