Aplazan audiencia de Mérida
Por Rebeca Solano
La mañana de este lunes concluyó la audiencia inicial de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se acordó que la próxima comparecencia se realizará el 4 de agosto.
Durante la sesión, la jueza Katherine Polk señaló que la evidencia reunida por la fiscalía en el caso es “abundante”, debido al número de personas involucradas en la investigación relacionada con acusaciones de narcoterrorismo.
De acuerdo con reportes desde la audiencia, la juzgadora explicó que el volumen de pruebas es tan amplio que se requerirán 60 días para que la fiscalía procese y entregue toda la información a la defensa.
Asimismo, la jueza indicó al exfuncionario que podrá revisar las evidencias para “evaluar sus opciones” antes de la siguiente etapa del proceso judicial.
Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk informó que la investigación cuenta con “pruebas abundantes”, por lo que otorgó un plazo de 60 días para que la fiscalía procese y entregue la evidencia a la defensa.
La juzgadora fijó además el 4 de agosto a las 14:30 horas como fecha para la próxima audiencia, en la que se dará seguimiento al caso.
De acuerdo con reportes desde la corte, Mérida Sánchez ingresó encadenado de pies, manos y cintura, portando uniforme penitenciario color caqui. La comparecencia tuvo una duración aproximada de 20 minutos.
La jueza explicó al exfuncionario que podrá revisar las pruebas presentadas por la fiscalía para evaluar sus opciones legales antes de la siguiente etapa del proceso.
La audiencia tuvo una duración aproximada de 20 minutos. Mérida Sánchez ingresó a la sala encadenado de pies y manos, mientras que la fiscalía y la defensa acordaron el calendario procesal para las siguientes etapas del caso.
Las autoridades estadounidenses continúan preparando la presentación formal de las pruebas que sustentan las acusaciones, mientras el proceso judicial avanza en la corte federal de Nueva York.Gerardo Mérida Sánchez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Las autoridades estadounidenses lo acusan de recibir presuntamente 100 mil dólares mensuales de parte de “Los Chapitos” a cambio de proporcionar información sobre operativos y no interferir en actividades de tráfico de drogas.
Según la acusación presentada en Estados Unidos, el exfuncionario podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión hasta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
Mientras tanto, la fiscalía federal continúa preparando la presentación formal de las pruebas que sustentan las acusaciones en su contra.
