Ha llegado el momento de hacer otra pregunta.
¿Qué ocurre con los periodistas que sobreviven?
Desde 2012, México tiene un Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La ley que le dio origen estableció un propósito claro: proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes enfrentan un riesgo por ejercer el periodismo.
Catorce años después, el Estado puede informar cuántas personas han sido incorporadas al Mecanismo, cuántas medidas de protección se implementan y cuánto presupuesto se destina a esa tarea. La Auditoría Superior de la Federación, en diversas revisiones al programa, ha identificado áreas de oportunidad relacionadas con la planeación, la evaluación y la rendición de cuentas.
La discusión sobre el Mecanismo, sin embargo, trasciende las auditorías. En 2019, a solicitud de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicó el Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El documento reconoció avances importantes, pero formuló 104 recomendaciones para fortalecer esta política pública. Su conclusión fue contundente: los cambios necesarios iban mucho más allá del presupuesto y requerían una respuesta integral del Estado.
¿La protección permite que quienes sobreviven sigan ejerciendo el periodismo?
Cinco años después, esa preocupación seguía vigente. En marzo de 2024, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) publicaron la investigación Nadie garantiza mi seguridad, en la que documentaron que ocho periodistas incorporados al propio Mecanismo fueron asesinados durante los siete años previos. Ninguna de las organizaciones propuso desaparecer la institución; ambas recomendaron fortalecerla, mejorar la evaluación del riesgo y aumentar su capacidad de respuesta.
Todo ello confirma que el debate sobre el Mecanismo sigue abierto. Sin embargo, existe una pregunta que prácticamente no aparece en la conversación pública: ¿la protección permite que quienes sobreviven sigan ejerciendo el periodismo? ¿Pudieron volver a ejercer su profesión? ¿Recuperaron sus fuentes, conservaron su empleo y retomaron la cobertura de los temas que originaron las amenazas? ¿O la protección terminó significando, en los hechos, el abandono definitivo de su labor informativa?
La diferencia es profunda.
Proteger la vida no siempre protege el periodismo
Una política pública puede preservar la vida de una persona y, al mismo tiempo, no saber si consiguió preservar el ejercicio del periodismo que esa persona realizaba. No se trata de una preocupación nueva.
El propio diagnóstico de la ONU-DH (2019) advirtió que las medidas de protección debían adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso y considerar la posibilidad de que periodistas y personas defensoras continuaran desarrollando sus actividades profesionales. Incluso señaló que una reubicación o un desplazamiento que termina alejando definitivamente al periodista de su trabajo puede favorecer, involuntariamente, el objetivo de quienes pretendían silenciarlo.
Vale la pena detenerse en esa idea. Quienes amenazan a un periodista rara vez buscan únicamente agredir a una persona. Buscan detener una investigación, romper una red de fuentes, expulsar a un reportero de un territorio o impedir que determinada información llegue a la sociedad.
Si ese objetivo se cumple, la democracia también pierde. Durante años hemos evaluado las políticas de protección preguntándonos cuántos periodistas fueron asesinados y cuántos lograron salvar la vida. Son preguntas indispensables.
Pero no bastan. También deberíamos preguntarnos cuántos periodistas protegidos pudieron regresar a su trabajo, cuántos conservaron sus fuentes de información, cuántos mantuvieron su empleo y cuántos abandonaron definitivamente la profesión.
¿Y la continuidad del ejercicio periodístico?
La evidencia pública ofrece muy pocas respuestas. El Mecanismo informa sobre personas incorporadas, medidas de protección implementadas y recursos ejercidos. Sin embargo, prácticamente no existen indicadores públicos que permitan saber si quienes fueron protegidos pudieron continuar ejerciendo el periodismo.
Y esa ausencia dificulta evaluar una dimensión fundamental de cualquier política pública: si consiguió preservar únicamente a la persona o también la función democrática que esa persona desempeñaba.
No se trata de cuestionar la existencia del Mecanismo Federal. En un país donde ejercer el periodismo puede costar la vida, una política pública de protección resulta indispensable y debe fortalecerse.
Pero fortalecerla también implica revisar la forma en que la evaluamos. Es momento de incorporar una nueva dimensión a esa evaluación: la continuidad del ejercicio periodístico.
Porque una democracia no sólo pierde cuando asesinan a un periodista. También pierde cuando un periodista sobrevive, pero deja de informar.
