25 de septiembre de 2026

Subdirector administrativo, Rubén Vázquez Rasgado

Por Julio Altamirano

A unos días de las protestas de trabajadores del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” por la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos, fue removido de manera abrupta el subdirector administrativo, Rubén Vázquez Rasgado.

En su lugar fue colocada Gabriela Alejandra Ortega Molina, exalcaldesa de Colipa, quien se incorporó a Morena durante su administración municipal. El relevo fue reportado el 24 de septiembre, aunque hasta ese momento no se había difundido un anuncio oficial del IMSS-Bienestar o de la Secretaría de Salud estatal sobre el nombramiento.

El cambio ocurre mientras continúa el conflicto por el desabasto de insumos médicos en el CAE. El pasado 13 de septiembre, alrededor de 500 trabajadores del IMSS-Bienestar marcharon en Xalapa para denunciar la falta de jeringas, guantes, batas, medicamentos y material quirúrgico. Personal del hospital señaló que las carencias habían provocado la suspensión de cirugías y que familiares de pacientes debían adquirir algunos insumos.

Posteriormente, una circular informó a los trabajadores sobre la cancelación del descanso del 15 de septiembre y de posteriores días festivos estatales, sin reposición, de acuerdo con el contenido difundido.

El relevo de Vázquez Rasgado también generó cuestionamientos dentro del hospital, debido a que, según versiones periodísticas, desde Palacio de Gobierno y la Secretaría de Salud se le habría responsabilizado de no controlar las protestas de los trabajadores. Esta versión no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

Antecedente de Ortega Molina

La nueva funcionaria fue electa presidenta municipal de Colipa en 2021 por el PRD y posteriormente se incorporó a Morena. No se ha informado públicamente sobre su experiencia previa en administración hospitalaria ni sobre los criterios utilizados para designarla en el área administrativa del CAE.

Ortega Molina también estuvo involucrada en una controversia en septiembre de 2025, cuando la FGR realizó un operativo en el rancho “Los Quintero”, inmueble atribuido a José Gil Quintero, señalado en reportes periodísticos como sobrino de Rafael “Caro” Quintero.

Diversos medios reportaron entonces que la alcaldesa había sido localizada o retenida durante el operativo. Sin embargo, Ortega Molina negó haber sido detenida, mientras que el entonces secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que no estuvo detenida y que había presentado comprobantes médicos para acreditar que había estado hospitalizada.

Asimismo, Ahued señaló en ese momento que no existía un informe oficial que confirmara presuntos vínculos entre la familia Quintero y el financiamiento de la campaña de Ortega Molina.

Por ello, los señalamientos sobre una relación de Ortega Molina con actividades delictivas no deben presentarse como hechos acreditados, pues las autoridades estatales negaron su detención y no se han señalado públicamente cargos penales en su contra.