Por Rebeca Solano
Una red de empresas proveedoras de insumos electorales, vinculada a los hermanos Hernández Casillas, habría aplicado sobreprecios superiores al 600 por ciento en la venta de artículos a distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante 2025, de acuerdo con señalamientos documentados en el sector.
La disparidad de costos se evidencia en la adquisición de un mismo producto: una caja electoral fabricada por la empresa Cajas Graf, que fue comprada por diferentes autoridades estatales durante el mismo año a precios considerablemente distintos.
En el Estado de México, el instituto electoral local pagó 531 pesos por unidad; mientras que en Sonora, el organismo estatal, encabezado por Nery Ruiz, adquirió el mismo insumo en 2 mil 375 pesos.
En tanto, el órgano electoral de Quintana Roo desembolsó 3 mil 850 pesos por cada caja, lo que representa un incremento superior al 600 por ciento respecto al precio pagado en el Estado de México.
En el caso de Sonora, Nery Ruiz ha sido señalado por su cercanía con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien dejó el cargo tras cuestionamientos sobre presuntos nexos con el proveedor Alfredo Hernández Casillas.
Ante estas diferencias en las contrataciones, el especialista en materia electoral Arturo Espinosa advirtió sobre posibles esquemas de manipulación en las licitaciones y adjudicaciones.
De acuerdo con el análisis del experto, la problemática radicaría en la presunta colusión entre autoridades electorales y compañías privadas para obtener beneficios mutuos mediante la fijación de precios muy por encima del valor real de mercado.
