Hay momentos en la historia de un país en los que las sospechas dejan de ser rumores y se convierten en expedientes. México acaba de entrar, otra vez, en esa etapa oscura.
El gobierno de Estados Unidos ya hizo oficial lo que durante años millones de mexicanos intuían, denunciaban o simplemente padecían en silencio: altos funcionarios de Sinaloa estaban coludidos con el crimen organizado. No se trata de un meme de redes sociales, de un rumor de café o de un pleito electoral. Se trata de señalamientos institucionales que exhiben, frente al mundo, el tamaño de la podredumbre que se incubó bajo el amparo del poder político mexicano.
Y el golpe no es menor.
Porque Sinaloa no es cualquier estado. Es el símbolo histórico del narcotráfico moderno en México. Ahí nació buena parte de la maquinaria criminal que terminó infiltrando policías, gobiernos, aduanas, alcaldías, corporaciones y estructuras financieras completas. Durante décadas se normalizó lo impensable: convivir con el crimen, pactar con él, administrarlo y hasta protegerlo.
Lo verdaderamente grave es que, mientras Estados Unidos endurece sus posiciones y exhibe nombres, en México todavía hay quienes se indignan más por las revelaciones que por los hechos mismos. El viejo reflejo del poder mexicano: matar al mensajero antes que enfrentar la verdad.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene frente a sí una prueba histórica. Tal vez la más importante de su sexenio. Ya no puede seguir escondiéndose detrás de discursos de continuidad ni detrás de la sombra política de Andrés Manuel López Obrador. El país exige definiciones.
Porque cada día resulta más imposible sostener la narrativa de que durante el obradorismo no existieron vínculos, tolerancias o complicidades con grupos criminales. Ahí están las fotografías, los saludos incómodos, las visitas polémicas a Badiraguato, la política de abrazos, no balazos; la liberación de Ovidio Guzmán en aquel humillante Culiacanazo y la sistemática destrucción de instituciones de seguridad civil.
México no llegó a esta crisis por accidente.
Llegó porque desde el poder se romantizó la rendición. Se desmantelaron contrapesos. Se desacreditó a periodistas. Se atacó a organizaciones civiles. Se debilitó al Poder Judicial. Y, sobre todo, se construyó una narrativa profundamente perversa: que cuestionar al crimen organizado era conservador, mientras tolerarlo era una supuesta política humanista.
El resultado está a la vista.
Estados completos sometidos por grupos armados. Carreteras tomadas. Productores pagando cuotas. Alcaldes aterrados. Policías infiltradas. Jóvenes reclutados como carne de cañón. Y una sociedad agotada de fingir normalidad mientras el país se desangra.
La revelación sobre funcionarios sinaloenses no debería provocar únicamente indignación. Debería detonar investigaciones profundas, deslindes reales y consecuencias políticas inmediatas. Pero para eso se necesita algo que hoy parece escaso en Palacio Nacional: voluntad.
Sheinbaum tiene dos caminos.
El primero: seguir protegiendo el legado de López Obrador, convertir la negación en política de Estado y asumir el costo histórico de encabezar un gobierno señalado por tolerar estructuras criminales enquistadas en el poder.
El segundo: romper con la mafia política que convirtió a México en rehén de la violencia y comenzar, aunque sea tarde, una limpieza institucional verdadera.
No hay punto medio.
La sociedad mexicana ya está cansada de simulaciones. Cansada de funerales. Cansada de discursos triunfalistas mientras el miedo gobierna regiones enteras. Cansada de escuchar que todo es propaganda extranjera mientras las madres siguen buscando hijos en fosas clandestinas.
Estados Unidos ya habló. Y lo hizo con el lenguaje que más duele: el de las investigaciones oficiales y las sanciones internacionales.
Ahora falta saber si México tendrá el valor de mirarse al espejo.
O si seguirá gobernado por el silencio, la complicidad y el miedo.
