Rosalba Hernández Hernández
Por Julio Altamirano
Un magistrado y varios jueces del Poder Judicial de Veracruz han sido suspendidos e investigados por el Tribunal de Disciplina Judicial, confirmó la presidenta del Poder Judicial del Estado, Rosalba Hernández Hernández, de acuerdo con la columna Figuras y Figurones.
El caso representa un paso en la depuración del Poder Judicial, al comenzar a aplicarse medidas de vigilancia y sanción contra funcionarios señalados por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Según la columna, desde que el Tribunal de Disciplina Judicial asumió las labores de vigilancia, se han atendido denuncias ciudadanas relacionadas con dilación de procesos, presuntos actos de corrupción y falta de imparcialidad.
A nivel nacional, los resultados de las evaluaciones aplicadas durante un año a 851 juzgadoras y juzgadores indican que el 89.5 por ciento obtuvo una calificación satisfactoria en su desempeño ético y profesional. Sin embargo, 89 funcionarios no alcanzaron los resultados esperados y están sujetos a investigaciones, respetando sus derechos como presuntos responsables, para determinar si corresponde aplicar medidas correctivas o sanciones.
Magistrado, removido y suspendido
En el caso de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández confirmó que Jonathan Cortés Vargas, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, fue removido y suspendido temporalmente de su cargo en febrero pasado, luego de revocar una sentencia de 80 años de prisión impuesta a un implicado en el delito de secuestro.
Asimismo, se informó que varios jueces se encuentran bajo investigación y otros han sido suspendidos. Entre ellos destaca Christopher Iván Verdejo Andrade, juez de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Poza Rica, quien fue suspendido en marzo.
La situación ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento de los órganos de vigilancia del Poder Judicial y la necesidad de garantizar que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad y apego a la ley.
El proceso también tiene una dimensión política, pues la Reforma Judicial comienza a reflejarse en acciones concretas de supervisión sobre jueces y magistrados.
El alcance de esta depuración dependerá de los resultados de las investigaciones y de si se acreditan irregularidades que ameriten sanciones.
