2 de junio de 2026

Testigos salpican a la 4T

Por Rebeca Solano

Declaraciones de dos testigos protegidos integradas en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de huachicol fiscal señalan posibles vínculos de altos perfiles políticos y mandos de la Secretaría de Marina con operaciones de contrabando de combustible en puertos y aduanas del país.

De acuerdo con documentos ministeriales citados por el medio Código Magenta, uno de los testimonios fue rendido ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) dentro de una carpeta de investigación relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

En la declaración, un testigo de identidad reservada asegura que durante una operación vinculada al buque Torm Agnes y a la empresa Intanza, investigadas por presuntas irregularidades en la importación de combustibles, se mencionó que el asunto era un “tema de Andy”, en aparente referencia a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El testimonio también describe presuntos mecanismos de coordinación entre funcionarios aduaneros, operadores logísticos, autoridades portuarias y mandos navales para facilitar el ingreso y movilización de combustible.

Además, otra declaración atribuida al testigo protegido identificado como “Santo” menciona al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al señalar supuestos vínculos entre operadores relacionados con un recinto fiscal en Tamaulipas y personajes cercanos al político tabasqueño.

Los documentos refieren además presuntos pagos irregulares, distribución de recursos entre funcionarios y una estructura de protección que, según los testimonios, habría involucrado diversas instancias federales.

Las declaraciones forman parte de expedientes ministeriales actualmente bajo investigación y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales contra las personas mencionadas en los testimonios.

El caso ha cobrado relevancia debido a que las indagatorias sobre el denominado huachicol fiscal apuntan a una red que habría operado mediante la importación irregular de combustibles y la evasión de impuestos a través de puertos, aduanas y recintos fiscalizados.

Hasta ahora, las autoridades federales no han informado sobre posibles citatorios o acciones judiciales contra los personajes políticos señalados en las declaraciones, mientras las investigaciones continúan en curso.