De gran trascendencia totalmente negativa para el país, la información que se difundió desde el pasado lunes en redes sociales y el martes en los medios impresos de circulación nacional, con relación a la orden de embargo que un juez civil de la Ciudad de México emitió en contra del catedrático y articulista del periódico Reforma, Sergio Aguayo Quezada.

El motivo, es que debe pagar voluntariamente 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila, ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y ex prófugo de la justicia nacional e internacional, Humberto Moreira, por la demanda que este puso en su contra en el año 2016 por daño moral y que el magistrado que llevó el caso, en forma totalmente irregular sentenció al comunicador.

La orden de embargo procederá en el caso de que no se haga el millonario pago en forma voluntaria al desprestigiado priista y ridículo bailarín. Quien durante su paso por el Gobierno del Estado de Coahuila no solamente tuvo una pésima imagen por su mal desempeño, sino también se le ligo con la delincuencia organizada, al grado que el asesinato de uno de sus hijos se cree, se debió a esta relación.

El 20 de enero del año 2016, Aguayo Quezada publicó: “Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos” (REFORMA 28/1/20).

Pues días antes el pésimo ex gobernador de Coahuila había sido detenido por las autoridades españolas en Madrid, acusado del delito de lavado de dinero. Lo que nunca sucedió aquí, en México, a pesar de la mala fama que tenía dentro del ámbito de la política. Pues contaba con un gran apoyo, al grado que el Presidente de la República en turno, mandó a la Procuradora General de la República a liberarlo y traerlo a nuestro país.

A todas luces y por donde se analice el asunto, además de haber sido la sentencia una aberración jurídica, pues el personaje aludido es de muy mala fama conocido, por lo que es muy difícil que en el caso haya daño moral, también puede considerarse anticonstitucional, pues vulnera totalmente la libertad de expresión que por el momento aún tenemos en este saqueado y deteriorado país.

Pero lo más grave de la situación es que con las leyes que tenemos vigentes este pasando lo narrado, que llegará a pasar cuando se aprueben las reformas jurídicas que la semana pasada mando al Congreso de la Unión el Jefe del Jurídico de la Presidencia de la República, entre las cuales va el regresar al Código Penal el delito de difamación.

No porque la difamación no sea un delito que no se deba castigar, sino porque cuando este sea analizado por algún juzgador, su criterio será de gran importancia en la emisión de la sentencia. Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el viernes. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.