Agencias de la ONU emplazaron al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto, tal como lo ordenó una sentencia del Poder Judicial Federal, al considerar como violatorias a los derechos de las mujeres artículos del Código Penal del Estado que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

En un comunicado signado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Oficina en México de la Entidad de las naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujer) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, las representaciones celebraron la sentencia del juez Decimoctavo de Distrito que mandata al Congreso del Estado de Veracruz “a legislar para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo”, para lo cual estableció como plazo el 31 de julio próximo.

La resolución judicial fue emitida en repuesta al incumplimiento de la declaración de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, decretada el 13 de diciembre de 2017, en la que se recomendaba al Congreso local a reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado “que consideran el aborto como un delito”.

Las agencias celebraron que el juzgador considerara como de cumplimiento obligatorio el contenido de la Alerta, así como de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Las agencias agregaron que la resolución establece “la obligación de las autoridades de implementar las medidas recomendadas y adoptar decisiones efectivas para superar la discriminación en contra de las mujeres”.

Las oficinas de la ONU consideraron de suma relevancia que el Poder Judicial federal no sólo haya fijado como fecha límite el 31 de julio de 2018 para reformar el código Penal, sino que “el aborto sea tratado como tema de salud pública y ni de política criminal”.

Resaltaron que el resolutivo haya condenado “la omisión del Congreso del estado de Veracruz”, que ha derivado en “una vulneración a los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad, violando diversos preceptos constitucionales, tratados en materia de derechos humanos ratificados por México”, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la violencia contra la Mujer, así como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Las agencias firmantes reconocen el avance de los derechos de las mujeres a partir de la actuación del Poder Judicial de la Federación”, así como “la actuación de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, cuya participación ha sido esencial para lograr este importante avance”, sostienen en su comunicado los organismos de la ONU.

Para las representaciones de la ONU la sentencia emitida por el Poder Judicial Federal, tiene mayor relevancia si se considera que salió a la luz en el contexto de la evaluación de México ante el Comité CEDAW, realizada el viernes 6 en Ginebra, Suiza, supervisión de la cual “derivarán recomendaciones al Estado mexicano para garantizar en todo el país el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en relación con los derechos de las mujeres”.

Las agencias de la ONU insistieron en llamar al estado de Veracruz, “a cumplir con prontitud y a cabalidad con la sentencia”, al tiempo que ofrecieron asistencia técnica necesaria para ese fin.