Este jueves, aumentó a 30 el número de muertos en la masacre de un centro ilegal de rehabilitación de adicciones, en el local de la comunidad irapuatense de Arandas, sin embargo, la Fiscalía General del Estado ni siquiera ha dado una cifra inicial de víctimas mortales.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reprobó la violencia y llamó al Gobierno Federal a trabajar en conjunto contra la delincuencia.
Además el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa prometió la captura de los asesinos a través de su cuenta de Twitter, pero su participación no fue bien recibida por los cibernautas quienes exigen su renuncia.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 18:00 horas sobre la calle Lerdo, en la comunidad irapuatense de Arandas.
El grupo de sicarios que arribó en un vehículo de color rojo, luego de penetrar al inmueble ordenó a los pacientes que se tiraran al suelo boca abajo y en fila, para entonces fusilarlos. Toda la sala del inmueble quedó llena de cuerpos.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortez Zavala, informó los hechos y agregó que muchos de los adictos recluidos en el lugar habrían huido por sus propios medios, ya que algunos tenían familiares cerca de ahí, no obstante, seis de los siete heridos podrían ya haber perdido la vida dada la gravedad de sus lesiones, sumando 30 las personas muertas. Pero las autoridades han sellado el flujo de información, toda vez que no han lanzado mayor información en redes sociales ni a través de comunicados.
El funcionario municipal indicó que los sicarios no se llevaron a nadie, como había ocurrido en otras ocasiones. Tampoco se sabe si el encargado del anexo o empleados están entre las víctimas mortales.
Entre el lodo y los charcos ocasionados por las últimas lluvias en ese punto sin pavimentar, familiares y amigos de las víctimas, así como curiosos se acercaron al lugar de la masacre para saber qué había pasado.
Familiares de las víctimas mortales suplicaban a las autoridades les dejaran verlas.
“Mi hermano mayor estaba anexado. Apenas lo habían anexado, tenía 44 años de edad”, lamentó uno de los familiares de las víctimas, quien comentó que había unas 40 personas recluidas. El pago por la atención era de 400 pesos por semana.
“Apenas yo había venido y vi a mi hermano tranquilo. Sí me dio mala espina pero pues yo dije que fuera lo que Dios diga, porque fue mi primo el que trajo a mi hermano para que se curara. Ya uno los trae a sabiendas de que nada más se puede hacer. Yo quería que fuera a un centro de rehabilitación pero está fuera de nuestro alcance, nos cobraban 35 mil pesos por 45 días, pero no podíamos”, dijo el joven quien reclamó la falta de información sobre lo ocurrido.
Al lugar arribaron decenas de unidades de policía municipal y estatal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como ambulancias de la Cruz Roja y Protección Civil.
Códigos publicó en sus respectivos momentos que el pasado 6 de Junio fueron asesinadas 10 personas en el anexo ‘Empezando una Nueva Vida’ en la colonia 24 de Abril. El 8 de Febrero hombres armados secuestraron a cinco jóvenes en otro anexo, y el 4 de Diciembre desaparecieron otras 25 personas. Todos los sucesos en Irapuato.
La matanza ocurre en medio de la disputa entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado sobre el clima de inseguridad que vive Guanajuato, y los casi 12 años que lleva el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre en el cargo, dados sus resultados. De hecho la Fiscalía General del Estado no ha reportado el esclarecimiento de ninguno de los casos citados, ni el paradero de las decenas de personas desaparecidas, mucho menos la detención de los autores de los delitos.
