En la colonia Campestre, ubicada en el municipio de Veracruz, se está viviendo una situación insostenible, que amenaza la seguridad y el bienestar de sus habitantes. La convivencia pacífica ha sido interrumpida por el crecimiento descontrolado de actividades industriales en una zona que debería ser residencial. Las consecuencias son claras: caos, destrucción y peligro para los vecinos, quienes no deberían tener que luchar para disfrutar de sus derechos básicos.

El problema es multifacético y cada aspecto es más alarmante que el anterior. Se trata de propietarios de bodegas, talleres, corralones de autos chocados, una gasera clandestina y hasta una recicladora, que operan ilegalmente y generan perjuicios constantes para los habitantes. La falta de regulación y control por parte de las autoridades ha permitido que estos negocios prosperen a expensas de la seguridad y la tranquilidad de los residentes.

El ingreso de nodrizas de carros chocados, tráileres de doble remolque y otros vehículos pesados en la colonia residencial es un peligro claro e inminente. Estos vehículos, que no están diseñados para transitar por áreas residenciales, causan daños a la infraestructura, como cables de electricidad, Internet y televisión por cable, sin que los dueños de estos negocios asuman ninguna responsabilidad. El resultado: apagones, interrupciones de servicios y, peor aún, riesgos para la vida de las personas.

El hecho de que estos tráileres transiten por una zona con una iglesia y una escuela primaria es especialmente preocupante. La posibilidad de accidentes fatales es alta, especialmente porque estos vehículos tienen poca visibilidad y no están diseñados para maniobrar en áreas con peatones y mascotas. Los vecinos tienen razón al estar hartos de esta situación y al exigir que las autoridades tomen medidas inmediatas.

A pesar de los intentos de diálogo por parte de los residentes, los dueños de estos establecimientos industriales parecen indiferentes a los daños y riesgos que ocasionan. Su actitud despectiva refleja una falta de responsabilidad social y ética. Sin la intervención de las autoridades, es improbable que esta situación cambie.

Las autoridades responsables deben dejar de ignorar esta problemática. No se puede permitir que la actividad industrial clandestina y peligrosa continúe poniendo en riesgo la vida y la propiedad de los habitantes de la colonia Campestre. Es necesario que se implementen medidas estrictas para garantizar la seguridad de los residentes, incluido el traslado de estos negocios a áreas industriales designadas, como la zona industrial Bruno Paiglai, donde el tránsito de tráileres no representa un peligro.

La reciente manifestación de los habitantes de la colonia Campestre fue una respuesta necesaria a la falta de acción por parte de las autoridades. Lograron recuperar el servicio eléctrico, solo para perderlo nuevamente debido a la imprudencia de otro tráiler que tiró cables de la CFE. Esto muestra cuán frágil es la situación y cuán urgente es encontrar una solución duradera.

La seguridad y el bienestar de los ciudadanos no deben sacrificarse por el beneficio económico de unos pocos. Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger a la comunidad y deben actuar ahora para poner fin a este caos. El tiempo para excusas y complacencia ha terminado. Es hora de tomar medidas firmes para restaurar el orden y garantizar la seguridad de la colonia Campestre.