AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
En la narrativa oficial se producen anuncios que no informan, sino que la acomodan para que quien habla salga bien librado, y hay celebraciones públicas que no responden a logros genuinos sino a la necesidad política de apropiarse de algo que en realidad nunca debió haberse detenido; pero aquí el punto no es menor ni técnico, porque lo que se anuncia no es solamente un hospital, sino un desarrollo integral de salud que contempla un Hospital General Regional de 260 camas, una unidad de medicina familiar —primer nivel de atención— y un almacén de abastecimiento de bienes terapéuticos, desplegado en aproximadamente 11 hectáreas —5 destinadas al hospital, 3 a la clínica y el resto a la infraestructura logística—, es decir, un nodo estratégico para la operación del sistema de salud en toda la región, proyecto que además no me es ajeno, porque hace años, en una entrevista previa incluso a la administración de Patricia Lobeira, me fue anunciado con esa misma dimensión de infraestructura y con un presupuesto que entonces rondaba los 3 mil millones de pesos; y es justamente ese mismo proyecto el que hoy la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, presenta como una especie de logro administrativo al afirmar que “por fin” se va a construir en Matacocuite, cuando en realidad lo que está haciendo es anunciar la corrección tardía de una omisión que nunca debió existir, una omisión que tiene nombre y apellido dentro de la administración municipal anterior.
El problema no está en la relevancia del hospital —que es incuestionable— ni en la necesidad de su construcción —que es urgente—, sino en el punto exacto donde se quiebra el discurso oficial, porque este proyecto no estuvo detenido por falta de recursos, ni por incapacidad técnica del IMSS, ni por ausencia de planeación federal, sino por algo mucho más elemental y, por lo mismo, mucho más grave: la no liberación de permisos municipales, es decir, la retención de un acto de autoridad que dependía exclusivamente del Ayuntamiento, lo que transforma por completo la lectura del caso, ya que no estamos frente a una obra rescatada, sino frente a una obra que fue frenada desde el ámbito más básico de la administración pública.
Y cuando se aterriza el análisis en ese nivel, lo que aparece ya no es una “hazaña administrativa”, sino una cadena de decisiones —o de omisiones— que terminaron impactando directamente en un derecho fundamental, porque el Ayuntamiento no financia el hospital, no lo construye, no lo equipa ni lo opera, su función dentro del esquema institucional es simple pero determinante: autorizar, permitir, no obstaculizar; sin embargo, ni siquiera eso se hizo en su momento, y ahí es donde se encuentra el núcleo del problema, porque cuando un acto administrativo indispensable para la ejecución de una obra pública se retiene sin justificación técnica o legal suficiente, lo que se configura no es un simple retraso, sino una conducta que puede derivar en responsabilidad administrativa por omisión, particularmente cuando esa omisión afecta de manera directa derechos colectivos.
Y aquí el análisis exige ir todavía más allá, porque este proyecto no es únicamente un hospital de segundo nivel como se ha querido simplificar en el discurso público, sino un desarrollo integral de salud que contempla una unidad de medicina familiar —es decir, atención de primer nivel— y un almacén de abastecimiento de bienes terapéuticos, lo que implica que no estamos frente a una sola obra, sino frente a un nodo estratégico de infraestructura sanitaria que impacta de manera directa en la operación del sistema de salud en la región; se trata de aproximadamente 11 hectáreas, de las cuales 5 se destinan al hospital, 3 a la clínica familiar y el resto al almacén logístico, configurando un complejo que no solo atiende demanda médica, sino que articula distribución, cobertura y capacidad de respuesta institucional, lo que convierte su retraso no en un simple rezago de obra pública, sino en una afectación estructural al funcionamiento del sistema de salud y al desarrollo económico y social de toda la zona.
Por eso el derecho comprometido no es menor ni accesorio, es el derecho a la salud, que en términos prácticos se traduce en infraestructura suficiente, accesible y oportuna para atender a la población, por lo que resulta no solo incómodo sino profundamente revelador que hoy se pretenda presentar como logro lo que en realidad es la corrección tardía de una omisión que nunca debió existir, porque durante la administración de Patricia Lobeira Rodríguez el terreno fue donado, sí, pero los permisos no se liberaron, y esa sola decisión —o falta de decisión— fue suficiente para mantener detenido un proyecto hospitalario durante años, con todas las consecuencias que ello implica en términos de saturación de servicios, traslados innecesarios, atención diferida y deterioro progresivo en el acceso efectivo a la salud.
Pero hay un elemento adicional que agrava aún más el escenario y que rara vez se pone sobre la mesa con la claridad que amerita: el impacto presupuestal de esa negligencia, porque al inicio de la administración de Patricia Lobeira el proyecto del hospital se estimaba en un monto cercano a los 3 mil millones de pesos, cifra que, dentro del contexto de inversión pública en salud, resultaba perfectamente viable y alineada con la planeación federal de ese momento; sin embargo, el paso del tiempo, la inflación en costos de construcción, el encarecimiento de materiales, los ajustes técnicos y la propia reconfiguración del proyecto derivada de los retrasos han llevado a que hoy esa misma obra se proyecte en un rango que puede alcanzar o incluso superar los 5 mil millones de pesos, lo que implica un incremento multimillonario que no responde a una mejora sustancial del proyecto, sino al costo directo de haberlo detenido.
Dicho sin rodeos: la negligencia administrativa no solo retrasó un hospital, también lo encareció de manera brutal, trasladando ese costo adicional al erario público, es decir, a la ciudadanía, lo que coloca el tema en una dimensión todavía más grave, porque no se trata únicamente de un proyecto que no se ejecutó a tiempo, sino de recursos públicos que terminarán ejerciéndose en condiciones mucho más costosas por decisiones que pudieron haberse tomado en cuestión de minutos.
Lo más sorprendente de todo no es el retraso en sí mismo, ni siquiera la cadena de omisiones que lo explican, sino la pasividad institucional que lo ha permitido, porque surge inevitablemente una pregunta que nadie parece querer formular en voz alta: ¿por qué el gobierno federal no actuó jurídicamente contra los ayuntamientos que obstaculizaron estos proyectos —porque claramente no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se repite a nivel nacional— cuando tenía a su alcance mecanismos legales suficientes para hacerlo, desde la impugnación de actos administrativos hasta la promoción de controversias o acciones que obligaran a las autoridades municipales a cumplir con su función?, y la respuesta, aunque incómoda, parece apuntar menos a la falta de herramientas y más a una lógica de conveniencia política y financiera, donde el costo de confrontar a los gobiernos locales se considera mayor que el costo de retrasar obras públicas esenciales, trasladando, como siempre, las consecuencias a la ciudadanía.
Y si se amplía la mirada, el problema deja de ser exclusivo de Veracruz para convertirse en un patrón que se repite con una consistencia preocupante en distintos municipios del estado, donde proyectos hospitalarios del IMSS han quedado atrapados entre decisiones municipales erráticas, intereses locales y una comprensión profundamente limitada de lo que implica la responsabilidad pública, como ocurre en Xalapa, donde en un primer momento se ofreció un terreno ubicado en una zona con restricciones ambientales que hacía inviable el proyecto, obligando a replantearlo desde su origen, y posteriormente se donó otro predio que terminó sujeto a litigios de particulares, trasladando el problema del ámbito técnico al jurídico y congelando cualquier posibilidad real de avance.
En Banderilla, la situación no es menos grave, porque la negativa del entonces presidente municipal a firmar las autorizaciones no obedeció a criterios de planeación urbana ni a evaluaciones técnicas que justificaran la detención del proyecto, sino a intereses completamente ajenos al interés público, ya que en ese terreno el propio municipio instala los juegos mecánicos de su feria anual, es decir, se privilegió un uso temporal, recreativo y políticamente rentable sobre la posibilidad de construir infraestructura hospitalaria permanente, evidenciando con ello una distorsión absoluta de prioridades en el ejercicio del poder público.
Y en Tuxpan, el escenario adquiere tintes aún más preocupantes, porque primero se dona un terreno que ya tenía propietario, lo que de entrada revela una irregularidad grave en la disposición de bienes, y posteriormente se plantea la entrega de otro predio como forma de compensar adeudos municipales al IMSS, en una lógica que desnaturaliza completamente la figura jurídica de la donación, convirtiéndola en un mecanismo de pago encubierto que no solo resulta jurídicamente cuestionable, sino que además puede implicar responsabilidades por el manejo indebido del patrimonio público, especialmente cuando se trata de bienes que deberían estar sujetos a un régimen de protección y destino específico.
En todos estos casos, el denominador común es claro: decisiones municipales que, en lugar de facilitar la ejecución de proyectos de salud pública, los retrasan, los condicionan o los colocan en un terreno de incertidumbre que termina trasladando el costo directamente a la población, lo que convierte a la ciudadanía en rehén de intereses políticos, omisiones administrativas y errores que nunca debieron ocurrir, porque la función pública no admite improvisaciones cuando se trata de derechos fundamentales.
Por eso, el anuncio de Rosa Hernández Espejo no puede ni debe asumirse como una hazaña, porque no hay mérito en permitir lo que nunca debió obstaculizarse, no hay gestión extraordinaria en hacer en minutos lo que se dejó de hacer durante años, y no hay logro en corregir una omisión que afectó directamente a miles de personas y que además generó un impacto económico millonario para el Estado, de modo que si hoy el hospital “por fin” se va a construir, no es porque alguien haya hecho algo excepcional, sino porque, finalmente, alguien decidió dejar de hacer lo que estaba mal, y eso, en un estado que se dice de derecho, no tendría que celebrarse como un triunfo, sino exigirse desde el inicio como una obligación ineludible del poder público.
