AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Esta información no surge de una interpretación externa ni de una versión institucional. Proviene directamente de quienes están sosteniendo esta lucha: maestras y maestros jubilados organizados en el Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C., quienes han documentado, con nombres, cifras y hechos, una situación que no solo es grave, sino jurídicamente insostenible.
Pero antes de entrar al fondo, hay que fijar con precisión algo que el gobierno ha evitado decir con claridad: ¿quién es responsable de este problema?
No es un tema difuso ni puede diluirse entre dependencias. Aquí hay tres niveles de responsabilidad claramente identificables:
- El Gobierno del Estado de Veracruz, como garante último de las obligaciones laborales y de seguridad social heredadas y vigentes, especialmente cuando se trata de compromisos adquiridos con trabajadores del sector educativo.
- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), como autoridad patronal directa en el origen de la relación laboral de estas maestras y maestros, y por tanto responsable de las prestaciones vinculadas a su vida laboral, incluso en su etapa de retiro.
- El Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en caso de que haya asumido —formal o materialmente— la administración de estos descuentos o la operatividad de los pagos derivados.
Aquí no hay escapatoria institucional: si se descuenta, alguien recauda; si se recauda, alguien administra; y si se administra, alguien responde. Y hasta hoy, ninguna de esas instancias ha dado una explicación clara, pública y verificable.
Lo que exponen los jubilados es contundente. Desde 2021, cuando el gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez suspendió el seguro de vida institucional, se rompió un esquema de protección que formaba parte de su seguridad social. Sin embargo, lo verdaderamente delicado no es solo la cancelación del seguro, sino la continuidad de los descuentos.
Mes con mes, a miles de pensionados se les sigue reteniendo aproximadamente un 7% de su pensión por un concepto que, en los hechos, dejó de existir. No hay aseguradora operando, no hay fideicomiso constituido y no hay cobertura vigente. Pero el dinero sigue saliendo.
Desde cualquier óptica jurídica —administrativa, laboral o incluso penal— esto abre un escenario de alta gravedad. Porque cuando se cobra por un servicio inexistente, el acto deja de ser irregular para convertirse en potencialmente ilícito. Y cuando esa práctica se sostiene durante años, acumulando —según estimaciones del propio gremio— cerca de 900 millones de pesos, la pregunta ya no es política: es una exigencia de rendición de cuentas.
Estamos hablando de más de 40 mil jubiladas y jubilados del sistema federalizado de educación básica en Veracruz. Personas que ya cumplieron con el Estado, que ya trabajaron décadas en aulas, comunidades y zonas marginadas, y que hoy, en la etapa más vulnerable de su vida, enfrentan un escenario de incertidumbre absoluta.
La situación se vuelve todavía más grave cuando se revisan los casos de fallecimiento. Porque ahí es donde la omisión deja de ser abstracta y se vuelve concreta: familias que, tras la muerte de un docente, se encuentran con que no hay seguro que cobrar, no hay institución que responda y no hay autoridad que dé la cara.
El Consejo documenta además que en 2025 se firmó un acuerdo con autoridades federales para cubrir pagos a beneficiarios de docentes fallecidos. A casi un año, solo tres casos han sido atendidos —y con montos devaluados— mientras otros expedientes, completos y en regla, permanecen sin resolución. Eso no es burocracia: es incumplimiento.
Hoy, la responsabilidad política recae directamente en el gobierno de Rocío Nahle García. No porque haya originado el problema, sino porque lo está administrando en el presente. Y en materia de derechos, la omisión también es una forma de responsabilidad.
Lo más preocupante no es solo el monto del dinero ni el número de afectados. Es el silencio institucional. La ausencia de una explicación técnica, financiera y jurídica que dé cuenta del destino de los recursos descontados y del mecanismo que debería sustituir al seguro desaparecido.
Por eso el anuncio de un plantón indefinido en el centro de Xalapa no puede leerse como una medida de presión ordinaria. Es el punto al que se llega cuando todas las vías institucionales fallan. Cuando se firma, se acuerda, se espera… y no pasa nada.
Y aquí hay un elemento que no puede minimizarse: quienes protestan son personas adultas mayores. Ellos mismos han advertido los riesgos de salud —deshidratación, crisis hipertensivas, desmayos— en el contexto de una movilización prolongada. Esa advertencia no es retórica: es una imputación anticipada de responsabilidad.
Porque si algo ocurre, ya no será un accidente. Será la consecuencia directa de una omisión prolongada.
Lo que está pasando en Veracruz con los pensionados no es un error administrativo ni un desfase presupuestal. Es un problema estructural que combina opacidad, incumplimiento y falta de voluntad política. Y mientras no haya una respuesta clara sobre quién administra esos recursos, dónde están y cuándo se va a restituir el derecho vulnerado, la deuda seguirá creciendo.
No solo en términos económicos.
También en legitimidad.
