Amnistía Internacional
Por Rebeca Solano
La organización Amnistía Internacional (AI) publicó el pasado 3 de abril de 2026 un informe ejecutivo titulado “Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, en el que respalda la apertura del procedimiento previsto en el Artículo 34 de la Convención de la ONU para atender la crisis de desapariciones en el país.
En el documento, de trece páginas, la organización fundada en 1961 en Londres reitera su disposición para colaborar con el Estado mexicano y urge al gobierno federal a declarar una emergencia nacional, así como a activar mecanismos internacionales de Naciones Unidas ante la gravedad del problema.
AI sostiene que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada y advierte que la falta de información pública desagregada impide determinar de forma concluyente si el fenómeno es sistemático. No obstante, señala que existen indicios razonables de que podrían estar ocurriendo de manera sistemática, particularmente en entidades como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz.
El informe destaca que el Comité correspondiente de la ONU podría llevar el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y plantea una serie de recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, enfocadas en fortalecer la prevención, la búsqueda efectiva y la garantía de los derechos de las víctimas.
Entre los señalamientos más relevantes, la organización subraya las deficiencias y omisiones de las autoridades para prevenir desapariciones, localizar a las personas desaparecidas y garantizar a las familias su derecho a la verdad, justicia y reparación integral. También apunta a la ausencia de una política nacional efectiva, la falta de presupuesto suficiente, la limitada inclusión de los colectivos de familiares en la toma de decisiones y la deslegitimación de organizaciones de derechos humanos.
El documento advierte que la impunidad constituye una de las causas centrales de la crisis, y que la información disponible apenas refleja una parte del problema debido a las limitaciones institucionales y de la sociedad civil para documentarlo.
De acuerdo con cifras referidas en el análisis, en el país se han localizado más de 5,600 fosas clandestinas y existe una crisis forense con alrededor de 72,000 cuerpos sin identificar, lo que evidencia la magnitud del desafío.
Amnistía Internacional sostiene que el primer paso para enfrentar la situación es reconocer la existencia y dimensión real de la crisis, así como escuchar a colectivos de familiares, académicos y organizaciones civiles, además de aceptar la cooperación internacional.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial de la Presidencia respecto al llamado de la organización internacional.
