Diputado local Ramón Díaz Ávila / Redacción Xalapa
Por Redacción Xalapa
- Informa la Comisión Instructora del congreso local
- Aclara díputado local «no somos la Fiscalía para asegurar si tienen culpa o no»
El diputado local Ramón Díaz Ávila, secretario de la Comisión Instructora del Congreso local, informó que será a mediados de agosto cuando se estaría votando el desafuero de los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.
«Porque fue un tema mediático a nivel nacional, lo que pasó en Ixhuatlán del Sureste de una reportera que sustrajeron de su casa y después aparecen sus restos en el municipio de Moloacán, es todo lo que he leído y que está en redes».
En entrevista, el diputado local del PT, aclaró que la Comisión Instructora, encargada del dictamen del desafuero, aún no conoce del expediente.
En el caso del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, es sobre la aparición de unos cuerpos que aparecieron en ese municipio.
«Lo que sabemos es porque aparecieron unos cuerpos en el municipio de Úrsulo Galván«.
Díaz Ávila, aclaró que como Comisión Instructora no pueden decir si hay responsabilidad de los alcaldes en las acusaciones de la Fiscalía General del Estado.
«No somos Fiscalía para decir si tienen culpa o no. Nuestra responsabilidad es revisar lo que ellos declaren, porque ellos lo que van a hacer es conocer el expediente y después tienen que contestarnos a la comisión«.
De ahí, «tenemos tiempo para analizar sus respuestas y todo y después tenemos otros 10 días para que ellos comparezcan o sus abogados«.
A decir del diputado Ramón Díaz, sería a mediados del mes de agosto cuando se estaría votando el desafuero de los dos alcaldes.
Cabe mencionar que en la carpeta de investigación NLC/DXXI/F1/256/2026, el Fiscal Encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Nanchital advirtió que el presidente municipal de las filas de Movimiento Ciudadano (MC) estaría involucrado con la privación de la libertad y de la vida de una comunicadora, por cuyos hechos hay ocho personas vinculadas a proceso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, uno de ellos el jefe de la corporación, nombrado por el alcalde, quienes abastecían de insumos y daban facilidades logísticas a un grupo delictivo que aumentó su presencia durante el 2026 en esa región.
Los diputados de la Comisión notificarán la audiencia de pruebas y alegatos y posteriormente emitirán un dictamen para determinar si hay o no responsabilidad de las autoridades, el cual será turnado al Pleno para su votación.
