AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Ayer comenzó a circular ampliamente la noticia de que el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, anunció una serie de propuestas que —según el discurso oficial— buscan ampliar la cobertura educativa de la máxima casa de estudios del estado mediante la apertura de extensiones universitarias en regiones como Martínez de la Torre, Zongolica y la región Coatzacoalcos-Minatitlán, el fortalecimiento de modelos virtuales e híbridos y, quizá lo más delicado de todo, la intención de eliminar gradualmente el examen de admisión para permitir el ingreso masivo de estudiantes a la institución.
Y es precisamente ahí donde el tema deja de ser una simple nota informativa para convertirse en una discusión profundamente seria sobre el futuro de la educación superior pública en Veracruz, porque detrás del discurso de “democratización educativa” lo que comienza a asomarse peligrosamente es un modelo de masificación precaria que amenaza con degradar académicamente a una universidad que durante décadas logró construir prestigio precisamente a partir del rigor, la exigencia y la formación profesional sólida.
Porque sí, hay que decirlo con claridad: dentro de amplios sectores académicos de la propia UV, Martín Aguilar Sánchez es visto como uno de los rectores más débiles académicamente que ha tenido la institución, un personaje impulsado políticamente desde el cuitlahuismo y posteriormente sostenido por la actual administración estatal en medio de severos cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia en la rectoría. Y quizá por eso preocupa todavía más el nivel de improvisación intelectual con el que se están planteando temas tan delicados para el futuro universitario del estado.
Como egresada de la UV, lo mínimo que exijo conocer es el sustento técnico, pedagógico, financiero y académico de semejante planteamiento. Porque anunciar que se pretende eliminar gradualmente el examen de admisión, expandir aceleradamente sedes regionales y multiplicar la matrícula virtual cuando la propia universidad reconoce públicamente que ya alcanzó prácticamente el límite de su infraestructura física no parece una estrategia educativa seria; parece más bien una confesión institucional de incapacidad operativa disfrazada de inclusión social.
¿Dónde está el programa integral que soporte esta expansión? ¿Cuál es el diagnóstico educativo que justifica trasladar carreras complejas a esquemas híbridos o virtuales? ¿Cuánto presupuesto adicional será invertido? ¿Cuántos docentes de tiempo completo serán contratados? ¿Cuántos laboratorios nuevos serán construidos? ¿Cómo pretenden evitar la saturación académica? ¿Cuál será el mecanismo para impedir que las nuevas extensiones universitarias terminen convertidas en sedes debilitadas con estudiantes de segunda categoría respecto a quienes estudian en campus históricamente consolidados?
Porque ampliar cobertura no equivale automáticamente a democratizar la educación. Esa es una de las trampas discursivas más peligrosas de la política educativa contemporánea. Históricamente, cuando las universidades públicas crecen sin inversión proporcional en infraestructura, investigación, personal académico, bibliotecas, laboratorios y acompañamiento estudiantil, lo que termina ocurriendo es exactamente lo contrario al discurso oficial: ingresan más alumnos, sí, pero reciben menos formación, menos exigencia académica, menos atención especializada y menos herramientas reales para competir profesionalmente.
Y aquí aparece la contradicción más brutal del discurso rectoral: la propia universidad reconoce que su infraestructura física llegó prácticamente a su límite, pero simultáneamente anuncia expansión acelerada y eventual eliminación del examen de admisión. Es decir, aceptan públicamente que no tienen capacidad instalada suficiente y aun así pretenden incorporar todavía más estudiantes. Eso no es planeación universitaria; eso es administración política de expectativas.
Abrir extensiones en regiones como Martínez de la Torre, Zongolica o Coatzacoalcos-Minatitlán puede sonar socialmente atractivo en el discurso, pero sin infraestructura sólida, suficiencia presupuestal y una verdadera planta académica consolidada, lo que terminará ocurriendo es la creación de pequeños satélites universitarios debilitados, con educación fragmentada y condiciones formativas profundamente desiguales.
Y la situación se vuelve todavía más delicada cuando se pretende virtualizar carreras altamente prácticas. Porque disciplinas como Medicina Veterinaria, áreas de salud, ingenierías o ciencias experimentales no pueden reducirse alegremente a plataformas digitales sin deteriorar competencias técnicas esenciales. La práctica clínica, el trabajo de laboratorio, la observación directa y el aprendizaje presencial no son caprichos pedagógicos; son componentes estructurales de la formación profesional seria.
El riesgo real entonces no es solamente administrativo; es generacional. Porque pueden terminar produciendo profesionistas con títulos universitarios formalmente válidos, pero con déficits severos en habilidades técnicas, pensamiento crítico, investigación aplicada y experiencia práctica real. Y eso impacta directamente en la calidad profesional del estado, en la competitividad laboral y en el prestigio histórico de la propia universidad.
Pero quizá el punto más grave sea la intención de eliminar gradualmente el examen de admisión. Sí, el examen tiene limitaciones y reproduce desigualdades previas del sistema educativo mexicano, pero también funciona como un mecanismo de regulación académica frente a la capacidad real de absorción institucional. Quitar ese filtro sin fortalecer previamente toda la estructura universitaria equivale a abrir una puerta masiva sin garantizar condiciones mínimas de calidad educativa dentro del sistema.
¿Y qué ocurre cuando una universidad rebasa su capacidad real de atención? Ocurre exactamente lo que múltiples instituciones latinoamericanas ya han padecido: reducción de exigencia académica para evitar deserciones masivas, saturación docente, evaluaciones más laxas, disminución del acompañamiento tutorial, caída en investigación científica, titulación acelerada y crecimiento progresivo del simulacionismo académico.
Y ahí es donde la UV corre un riesgo histórico enorme: dejar de ser una universidad reconocida por su rigor académico para convertirse en una fábrica de títulos políticamente funcionales, pero académicamente debilitados.
Porque la educación superior no se degrada únicamente cuando desaparecen las aulas. También se degrada cuando se diluye la exigencia intelectual, cuando la lógica política sustituye a la lógica pedagógica y cuando la universidad deja de formar excelencia para comenzar simplemente a administrar números.
Y eso, guste o no, parece exactamente el rumbo que hoy intenta normalizar esta rectoría.
