PRI
Por Rebeca Solano
Senadores del PRI en la LXVI Legislatura presentaron una iniciativa para reformar el artículo Segundo Transitorio del decreto que modificó el artículo 127 constitucional en materia de límite a jubilaciones y pensiones de entidades públicas, con el objetivo de garantizar la irretroactividad de la ley y proteger derechos adquiridos.
La propuesta surge tras la publicación, el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, del decreto que establece límites a ciertos esquemas de jubilación en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades federativas.
En la exposición de motivos, los legisladores advierten que la redacción vigente podría generar una consecuencia grave: que personas con pensiones previamente reconocidas vean reducido su monto o modificadas sus condiciones, aun cuando ya hubieran consolidado su derecho bajo un régimen anterior.
Señalan que más de 95 mil familias mexicanas podrían verse afectadas si se aplican ajustes posteriores a pensiones ya otorgadas.
“La pensión no es una dádiva”, argumentan, al subrayar que se trata de un derecho derivado de años de trabajo y aportaciones, que forma parte de la esfera jurídica y patrimonial de quien cumple los requisitos legales.
Asimismo, citan el artículo 14 constitucional, que prohíbe dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de persona alguna, y sostienen que cualquier reforma debe respetar los principios de seguridad jurídica, certeza y protección de derechos adquiridos.
La iniciativa, aseguran, no busca mantener privilegios indebidos, sino evitar que reformas posteriores afecten pensiones ya reconocidas, garantizando que los cambios normativos no se apliquen de manera retroactiva.
