Por Cristina Ferreyra
El juez Manuel Eduardo Vidal Alor, de Primera Instancia en Coatzacoalcos, Veracruz, es señalado por presunto tráfico de influencias y corrupción, luego de que se presentara una queja en su contra ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con documentación oficial del Tribunal, la queja fue registrada bajo el número 2854/2026-OJ-II. En el expediente aparece como persona implicada Manuel Eduardo Vidal Alor y, como conducta denunciada, se asentó: “librar orden de aprehensión en contra del denunciante”.
El acuerdo del Tribunal establece que los datos proporcionados fueron verificados en el Sistema Integral de Seguimiento de Asuntos Disciplinarios (SISAD) y coincidieron con la información capturada por la persona oficial de partes.
De acuerdo con la versión de Julio, quien se identifica como el agraviado, el conflicto comenzó el 15 de septiembre de 2025, cuando terminó su relación sentimental con Erick de Jesús, a quien señala como presunta pareja sentimental del juez.
Julio relata que, tras la ruptura, fue golpeado y despojado de algunas pertenencias. Posteriormente, afirma que fue denunciado por el presunto robo de un vehículo que, según su versión, había comprado en la agencia de automóviles donde trabaja su expareja.
El denunciante asegura que pudo acreditar la propiedad del vehículo y que dicha denuncia no prosperó. Sin embargo, refiere que el 18 de septiembre de 2025 su expareja presentó una nueva denuncia, ahora por presuntas amenazas.
Julio sostiene que él también denunció amenazas, lesiones y el robo de un teléfono celular, pero afirma que enfrentó dificultades para que su denuncia fuera recibida.
Posteriormente, el 24 de febrero de 2026, denunció daños a su vehículo, luego de que —según su versión— su expareja se tornara violento y causara destrozos a la unidad.
En marzo de 2026, Erick de Jesús denunció a Julio por presunta extorsión y coacciones relacionadas con fotografías íntimas que ambos se habrían tomado durante su relación.
De acuerdo con esa denuncia, Erick habría recibido fotografías íntimas y posteriormente mensajes en los que se le exigía dinero a cambio de no difundirlas. El señalamiento apunta a Julio como responsable del envío de los mensajes y de las exigencias económicas.
Sin embargo, Julio rechaza las acusaciones y sostiene que el procedimiento habría sido promovido con la intervención del juez Vidal Alor, a quien señala como pareja sentimental de Erick.
Afirma que ambos tenían acceso a las fotografías y cuestiona que se haya acreditado que él fuera quien envió los mensajes mediante los cuales presuntamente se exigía dinero.
La familia de Julio también cuestiona la autenticidad y autoría de los correos electrónicos que forman parte de la acusación. Su hipótesis es que los mensajes pudieron haber sido enviados por el propio Erick y que posteriormente se habría construido una acusación contra Julio.
Dentro de la carpeta de investigación 311/2026 existe una orden de aprehensión contra Julio, por lo que tuvo que promover un amparo para combatir los efectos de dicha orden.
La familia sostiene que el caso presenta elementos que deben ser investigados, particularmente por la presunta relación sentimental entre Vidal Alor y Erick de Jesús.
De acuerdo con su versión, desde la propia Fiscalía habrían tenido conocimiento de que Erick contaba con el respaldo de un juez y habrían advertido a Julio que no continuara con el caso, debido a que tendría pocas posibilidades de prosperar por la supuesta influencia de su expareja.
Ante ello, la familia considera que podría existir un trato diferenciado entre las denuncias presentadas por ambas partes y solicita determinar si hubo alguna intervención indebida del juzgador.
La familia de Julio pide que se investigue la actuación del juez por lo que considera posibles actos de intervención indebida, tráfico de influencias, corrupción y fabricación de pruebas dentro del conflicto.
Hasta el momento, las acusaciones contra el juez forman parte de una queja y de los señalamientos realizados por el denunciante y su familia. El Tribunal de Disciplina Judicial aún no emite un resolutivo sobre el caso.
