Congreso
Por Rebeca Solano
El Congreso mexicano prevé aprobar la próxima semana, por la vía rápida o “fast track”, una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar hasta 2028 la próxima elección del Poder Judicial, originalmente prevista para 2027.
La propuesta surge tras las críticas por la complejidad y el diseño de la primera elección popular de jueces y magistrados en 2025, que registró una participación cercana al 13%, en medio de señalamientos por boletas extensas y dificultad para identificar candidatos.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que el Congreso enfrenta un plazo límite para aprobar cambios electorales antes de septiembre, cuando inicia formalmente el proceso federal de 2027, aunque consideró que la discusión es una oportunidad para corregir deficiencias de la reforma judicial de 2024.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) afirmó que trasladar la elección a 2028 es “la confesión más clara de la inviabilidad del diseño original” y advirtió que, sin una corrección de fondo, se podría provocar “un colapso del sistema de impartición de justicia”.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la Comisión Permanente definirá el 21 de mayo la convocatoria a un periodo extraordinario, con la intención de discutir la reforma en comisiones y votarla al día siguiente en el pleno.
El objetivo, dijo, es aprobarla antes de que concluya mayo, para enviarla al Senado y posteriormente a los congresos estatales para su ratificación.
Entre los cambios planteados se contempla reducir el número de aspirantes, evitar los llamados “acordeones” que orientan el voto y simplificar la votación ante la magnitud de cargos en disputa, que incluirían 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y más de 2 mil juzgadores locales.
La JUFED advirtió que una “reforma de la reforma” sin ajustes estructurales generará mayor incertidumbre jurídica, incremento de litigios y afectación a la carrera judicial, además de denunciar presunto hostigamiento administrativo y renuncias forzadas de juzgadores.
La discusión se dará en un contexto de tensión política, con el oficialismo defendiendo la necesidad de “perfeccionar” el modelo y la oposición señalando que el aplazamiento representa una admisión de fallas en la reforma aprobada en 2024.
