Colectivos de madres en búsqueda de familiares desaparecidos, dio a conocer que el ex titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, podría ser declarado en libertad por parte de jueces federales quienes determinaron que el delito de desaparición forzada no es grave.
Mediante un comunicado alanzaron la voz de alerta al mismo tiempo que condenaron la posición asumida por los integrantes de la judicatura federal, quienes desde su óptica la desaparición de personas resulta un delito menor.
Recriminaron que en un país con más de 37 mil personas desaparecidas según cifras oficiales, donde una gran parte ha sido cometida por Servidores Públicos del Estado.
“Resulta insultante y sumamente insensible el hecho de que Jueces Federales minimicen el delito de Desaparición Forzada, ignorando la situación de incertidumbre y zozobra que viven los familiares”.
Indicaron que ese tipo de resoluciones por parte de los encargados de impartir la justicia, representa un grave retroceso para el país, dejando de lado los derechos de los que gozan las víctimas de este delito para acceder a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Mencionaron que en distintos tratados internacionales que ha armado México, la desaparición forzada es un delito extremadamente grave y de lesa humanidad.
Los colectivos sostienen que las resoluciones recientemente emitidas por el juez decimoquinto de Distrito con residencia en Xalapa, Jorge Holder Gómez, así como de los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Alejandro Gómez Sánchez, José Alfonso Montalvo Martínez y Mario Ariel Acevedo Cedillo, en el sentido de que la Desaparición Forzada de Personas no es un delito grave “nos agravian”.
Estas resoluciones serían con el único propósito de favorecer a Luis Ángel Bravo Contreras y que este siga su proceso en libertad.
Los Colectivos sentenciaron que si ese criterio lesivo de los derechos humanos y los derechos de las víctimas permanece, harán un llamado al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Diputados, como a la de Senadores, para que reformen el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se contemplen los delitos relacionados con la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares, como delitos que ameriten la prisión preventiva ociosa.
Exigieron también un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura Federal para que conforme a los Tratados Internacionales de los que México es parte, se reconozca la extrema gravedad de la Desaparición Forzada, y se exhorte a las autoridades correspondientes a reconocer la misma, pues los criterios de los juzgadores antes mencionados, pueden impactar sobre los procesos penales que se llevan en todo el país en contra de los autores materiales e intelectuales de este crimen fomentando con ello la impunidad, y permitiendo que los responsables obtengan beneficios.