El próximo 26 de febrero se cumplen 17 años de la violación y muerte a manos de elementos del Ejército Mexicano de la indígena Ernestina Ascencio.
La noche del 24 de febrero, varios soldados del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano instalaron un campamento cerca del hogar de Ernestina, en Tetlatzinga, un pueblo veracruzano ubicado cerca de los límites con el estado de Puebla.
A la noche siguiente, el 25 de febrero, los familiares de la señora Ascencio Rosario la encontraron herida de gravedad, muy cerca del campamento militar.
Antes de trasladarla al hospital, ella alcanzó a señalar a los soldados como los culpables de haberla agredido.
Tuvieron que pasar cerca de 10 horas para que Ernestina Ascencio finalmente pudiera recibir atención médica en el Hospital Regional de Río Blanco, donde no había intérpretes de lengua náhuatl que facilitaran la comunicación entre el personal médico y la paciente.
Ascencio Rosario falleció el 26 de febrero.
De acuerdo con la necropsia realizada en el hospital, en la que también participó una ginecóloga de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), la mujer indígena presentaba agresión sexual.
Desde un día antes, el personal del hospital y la familia de Ascencio habían levantado una denuncia por violación frente a la PGJV.
Por su parte, la Sedena inició una investigación con la Procuraduría de Justicia Penal Militar.
A pesar de todo esto, (pruebas, denuncias y las supuestas investigaciones), por orden del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán la Procuraduría de Justicia cerró el caso.
La conclusión oficial fue que Ernestina Ascencio Rosario murió de una gastritis crónica, descartando la violación de la que fue víctima.
Esta resolución fue avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, en marzo, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
Pablo Mendizábal, médico legista que comprobó hace 17 años la violación de la indígena Ernestina Ascencio y quien se negó a cambiar el peritaje, pese a las presiones del entonces presidente de la República Felipe Calderón y del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, ha sufrido una persecución política, por sostener la verdad desde ese año de 2007 a la fecha.
En 2021, la CNDH emitió una recomendación para reabrir el caso y, en 2022, diversas organizaciones pidieron que se realice una investigación independiente para, por fin, alcanzar la justicia.
Aunque en este sexenio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció la agresión sexual en contra de la mujer indígena del municipio de Soledad Atzompa, el Gobierno de Veracruz hizo caso omiso a la Recomendación, y el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros, dijo que en Veracruz él mandaba y, no iban a ofrecer ni una disculpa a la familia Ascencio.
Pablo Mendizábal afirma: “El Gobierno del Estado no quiere liquidarme, ni pagar la pensión”.
Organizaciones sociales del Valle de Orizaba y de las Grandes Montañas exigen justicia para Ernestina Ascencio y que Pablo Mendizábal reciba una pensión digna.