México ha sido testigo de un alarmante debilitamiento del sistema de justicia y un creciente autoritarismo por parte de algunos gobernadores que han abusado de su posición de poder, formando auténticos cacicazgos locales. Sin embargo, en este momento destaca el caso del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Bajo su mandato, los principios fundamentales de la democracia y el estado de derecho han sido pisoteados, utilizando el sistema judicial como una herramienta para acallar a los opositores e imponer su voluntad.

En su campaña para gobernador, García advirtió que una de sus primeras tareas como mandatario sería remover del cargo al fiscal del estado, Jorge Winckler, debido a su cercanía con Miguel Ángel Yunes.

Desde su primer minuto como gobernador, Cuitláhuac García intentó separar del cargo a Winckler, hasta que logró destituirlo en 2020 con ayuda de los diputados de morena en el Congreso local. El argumento para su remoción, fue una supuesta falta de requisitos de formalidad para ocupar el cargo.

Acusado de cometer el delito de 'desaparición forzada' contra un escolta del ex exgobernador Javier Duarte, Winckler fue arrestado en julio de 2022, y permanece preso.

Cuitláhuac García se ha valido de la figura de 'ultraje a la autoridad', delito que castiga las amenazas o agresiones a los servidores públicos; para encarcelar políticos, periodistas, manifestantes y críticos a su gobierno. No le ha importado que desde 2016, la SCJN haya declarado inconstitucional y violatorio de los derechos humanos este delito. De hecho, García revivió y potenció el delito. En febrero de 2021, ordenó reformar el Código Penal del estado para endurecer las sanciones a quien cometa ultrajes.

Desde entonces, a la autoridad no se le ofende en Veracruz, menos al señor gobernador. Quienes desobedecen, pueden pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, además del periodo en que las instancias judiciales demoren en procesar la sentencia.

Rogelio Franco, ex secretario de gobierno de Veracruz y diputado perredista, lleva dos años detenido; fue aprehendido en el 2021 por un supuesto ultraje a la autoridad, al presuntamente agredir a un policía ministerial que pretendía cumplir con una orden de aprehensión por otra denuncia en su contra.

Con Cuitláhuac García, las detenciones por 'ultrajes a la autoridad' han abundado. En marzo de 2021, elementos de la policía ministerial detuvieron a Antonio de Marco Arango, director del medio digital Foro Tuxpan. Yolli García, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lleva tres años presa. También fueron aprehendidos por ultrajes: Tito Delfin, candidato a la dirigencia estatal del PAN; Gregorio Gómez Martínez, excandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán. También fue detenido Eduardo Mario Cázares, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación de Veracruz, cuando encabezaba una manifestación frente a la Secretaría de Medio Ambiente del estado.

En 2021, seis jóvenes fueron detenidos por ultrajes en la Plaza El Tejar de Xalapa, después de la detención, fueron acusados de amenazar con armas punzocortantes a los policías. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, asumió la defensa de los acusados.

El gobernador García, estalló en cólera y acusó a Monreal de 'defensor de delincuentes'. En venganza, ordenó el encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen; dos veces alcalde en Veracruz, exdiputado por Movimiento Ciudadano y secretario técnico de Monreal en el Senado. Del Río fue acusado de ser autor del homicidio de Remigio Tovar, candidato a alcalde del municipio de Cazones.

En recientes fechas, trascendió el caso de la juez Angélica Sánchez Hernández, quien no procesó al empresario Itiel Palacios, acusado por la Fiscalía de Veracruz por el asesinato del diputado local priista Juan Carlos Molina. Cuitláhuac García ya había sentenciado a Palacios previamente al considerarlo uno de los principales generadores de violencia en Veracruz.

El gobernador estalló de nuevo y acusó a Angélica Sánchez de corrupta. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, incondicional de Cuitláhuac, le advirtió: Atente a las consecuencias. La juez Sánchez Hernández fue detenida el 5 de junio sin orden de aprehensión, por supuestamente portar y disparar un arma y transportar droga, fue liberada días después por falta de pruebas.

Angélica Sánchez fue detenida por segunda ocasión el 16 de junio. Ahora se le acusó de 'delitos contra la fe pública y tráfico de influencias'. La detención se realizó en la Ciudad de México, pese a que la juez contaba con un amparo. El arresto corrió a cargo de la Guardia Nacional. No hubo colaboración de la Fiscalía de la CDMX, que habría sido en todo caso la responsable de detenerla. Se le trasladó a Xalapa, y el juez de control le decretó un año de prisión preventiva justificada.

El 21 de junio, se le vinculó a proceso, a pesar de todas las irregularidades. El juez evitó la presencia en la audiencia de los medios y de la familia de la acusada, así como de representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todo en secrecía, violentando el principio de publicidad.

Además, trascendió que un grupo de jueces de Veracruz fue amenazado por funcionarios del gobierno estatal, se les advirtió que debían seguir la línea del gobernador o atenerse a las consecuencias. Se les ordenó consultar con la titular del Tribunal de Justicia los amparos antes de emitirlos, o podrían ser encarcelados si dictan fallos a 'favor de criminales'.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el pasado jueves, elementos de la Fiscalía estatal entregaron un citatorio a la periodista veracruzana Claudia Guerrero para que comparezca en calidad de investigada por una carpeta de investigación del 2022. La periodista, que ha sido una crítica constante del gobierno de Cuitláhuac García, ha acusado una persecución en su contra, y es que es claro este citatorio pretende intimidarla y afectar su actividad profesional.

Los ciudadanos de Veracruz viven en una contante zozobra debido al alto índice de violencia e inseguridad que viven a diario, sin que el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, haga algo para resolverlo, ya que está más ocupado en reprimir a quienes no están de acuerdo con su pésima gestión y a quienes ha llegado a amenazar y hasta encarcelar.

Los excesos de Cuitláhuac García, son un claro ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe y destruye los cimientos de la democracia. El gobernador ha abusado de su posición y ha convertido al estado en su cortijo personal, persiguiendo a los jueces y opositores sin ningún tipo de escrúpulo, y con el apoyo y complacencia de Andrés Manuel López Obrador.

Es urgente que la sociedad veracruzana reaccione ante este peligroso precedente. No se puede permitir que un gobernante se convierta en un minidictador, pisoteando los derechos y las libertades de los ciudadanos. La defensa de la democracia y el estado de derecho debe ser una prioridad para todos los mexicanos, y es hora de detener a este simulacro de tirano.